Moción propone sancionar a responsables de residencias de adultos mayores por muertes derivadas de riesgos graves

Entre las circunstancias relevantes para determinar la existencia de un peligro grave, el proyecto menciona la falta o inutilización de vías de evacuación; la ausencia o inoperatividad de sistemas exigibles de prevención, detección y combate de incendios; las deficiencias graves conocidas en instalaciones eléctricas o de gas; y la mantención de un número de residentes que impida una evacuación segura.

También considera la falta de personal indispensable para asistir a personas dependientes durante una emergencia, el funcionamiento de inmuebles sujetos a prohibiciones, órdenes de cierre o advertencias de la autoridad por riesgos graves, y la continuidad de las actividades después de que el responsable haya sido formalmente informado de esas deficiencias.

La moción aclara que ninguna de estas circunstancias, por sí sola, determinará responsabilidad por homicidio. Su relevancia dependerá de que se acrediten el deber de protección, el conocimiento del peligro, la capacidad de evitarlo y la relación entre la omisión y la muerte producida.

En definitiva, la iniciativa busca precisar las obligaciones penales de quienes tienen a su cargo residencias de adultos mayores y sancionar a quienes, pudiendo actuar para evitar un peligro grave que conocen, omitan hacerlo y provoquen con ello la muerte de sus residentes.

En concreto, la propuesta incorpora un nuevo artículo 391 ter al Código Penal para establecer que los propietarios, administradores, directores o responsables efectivos de residencias de adultos mayores tienen el deber de proteger la vida y la integridad física de quienes se encuentran bajo su cuidado.

La norma establece que serán responsables por las muertes que ocurran como consecuencia de riesgos graves, concretos y previsibles cuando conozcan esas condiciones, tengan la posibilidad de adoptar medidas para evitarlas y omitan hacerlo. Si prevén como posible la muerte de uno o más residentes y mantienen voluntariamente el funcionamiento del establecimiento y su exposición al peligro, se aplicarán las penas correspondientes al homicidio. En cambio, si la muerte se produce por negligencia, imprudencia o infracción de los reglamentos, sin ese conocimiento, la responsabilidad se determinará conforme a las normas sobre cuasidelitos.

Para evaluar la existencia del peligro, los tribunales deberán considerar especialmente las infracciones graves a las normas sobre prevención de incendios, instalaciones eléctricas y de gas, vías de evacuación, capacidad máxima del recinto y disponibilidad de personal para asistir a quienes no puedan evacuar por sus propios medios. También se tendrán en cuenta las prohibiciones, órdenes de cierre y advertencias comunicadas por la autoridad competente.

La obligación de protección regirá incluso si la residencia carece de autorización sanitaria o de otros permisos administrativos. La responsabilidad penal recaerá en las personas naturales que ejerzan efectivamente las funciones señaladas y que hayan tenido la capacidad jurídica y material para adoptar las medidas necesarias para evitar el resultado.

Vea texto mociónBoletín N°18.671-07 y siga su tramitación aquí.