Proyecto de ley busca proteger la identidad de policías y militares que declaren en juicios por delitos graves

Una iniciativa legal de la senadora Vanessa Kaiser propone modificar el Código Procesal Penal para establecer la aplicación obligatoria de medidas de protección de identidad a funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y las Fuerzas Armadas que comparezcan como testigos o peritos en investigaciones y juicios por delitos de especial gravedad, como asociación delictiva o criminal, tráfico ilícito de drogas, conductas terroristas y otros hechos que afecten gravemente la seguridad y el orden público.

La propuesta responde a los riesgos que enfrentan estos funcionarios al participar en la investigación y persecución de delitos vinculados con organizaciones criminales, cuyos integrantes pueden recurrir a amenazas, intimidación, hostigamiento, represalias o violencia. En este contexto, la divulgación de su identidad podría comprometer su seguridad personal y la de sus familias, además de afectar el desarrollo de futuras investigaciones y la eficacia de la persecución penal.

El proyecto sostiene que el Estado tiene el deber de proteger a quienes, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, colaboran en la investigación de delitos graves. Esta obligación deriva de su responsabilidad de resguardar la integridad y seguridad de las personas, especialmente de los funcionarios públicos encargados de proteger a la población y hacer cumplir la ley.

Por ello, la iniciativa plantea establecer mecanismos jurídicos que permitan resguardar la identidad de quienes deban declarar ante los tribunales, considerando el riesgo que supone su eventual identificación por parte de personas u organizaciones capaces de localizarlos y ejercer represalias en su contra.

La propuesta precisa que estas medidas deben ser compatibles con las garantías del debido proceso y, en particular, con el derecho de defensa de los imputados. En consecuencia, la protección de identidad no busca impedir que la defensa cuestione el contenido o la credibilidad del testimonio, la competencia del testigo o perito, ni limitar sus facultades durante el juicio. Tampoco pretende alterar las reglas sobre contrainterrogatorio, confrontación de la prueba u otros mecanismos procesales destinados a controvertir los antecedentes presentados contra el acusado.