Proyecto de ley propone sancionar a quienes desobedezcan órdenes de evacuación y cobrarles los gastos de rescate

La iniciativa sostiene que esta ausencia normativa genera una situación injusta. Mientras miles de personas cumplen las instrucciones de la autoridad, otras ingresan o permanecen deliberadamente en zonas de alto peligro, lo que obliga al Estado y a organizaciones voluntarias a desplegar recursos humanos, terrestres y aéreos de alto costo.

El proyecto reconoce que el deber de rescatar y proteger la vida humana no puede depender de la conducta previa, la capacidad económica ni la eventual responsabilidad de la persona afectada. Por ello, los organismos de emergencia deben actuar siempre con la misma oportunidad y diligencia. La discusión que plantea la propuesta es posterior al rescate: determinar si resulta razonable que toda la comunidad deba asumir íntegramente los costos extraordinarios generados por una persona que se expuso conscientemente a un riesgo, pese a conocer una orden oficial jurídicamente obligatoria.

La necesidad de regular esta materia quedó en evidencia tras el operativo realizado en julio de 2026 para rescatar a tres personas desaparecidas durante seis días en el Cajón del Maipo, cuyo costo fue estimado en más de $100 millones por el director de Seguridad Pública municipal. Ante ello, el Gobierno anunció que solicitaría al Consejo de Defensa del Estado evaluar posibles acciones para recuperar el daño patrimonial ocasionado. El proyecto aclara que no cuestiona el rescate, sino que busca establecer consecuencias claras para la desobediencia consciente y permitir recuperar, al menos parcialmente, los gastos extraordinarios que esta genera.

La iniciativa se apoya en experiencias internacionales que sancionan el incumplimiento de órdenes durante emergencias y permiten recuperar los costos de ciertos rescates. España y Nueva Zelanda contemplan sanciones por desobedecer instrucciones de evacuación o restricciones de acceso. En el País Vasco y Cataluña se puede cobrar por rescates realizados en zonas peligrosas o prohibidas, ante alertas meteorológicas o cuando faltan equipos adecuados o no existe una justificación objetiva. En Francia, las comunas pueden exigir el reembolso total o parcial de determinados rescates de montaña vinculados a actividades deportivas, bajo condiciones previamente establecidas y publicitadas.

La iniciativa busca sancionar la desobediencia consciente e injustificada de órdenes de evacuación o de prohibiciones de ingreso o permanencia en zonas de emergencia, sin castigar errores, falta de experiencia, desconocimiento de la orden, imposibilidad de cumplirla o acciones de auxilio a terceros. El proyecto incorpora dos disposiciones a la Ley N° 21.364 y establece penas de presidio menor en su grado mínimo o multas de 11 a 50 UTM. Si la conducta obliga a desplegar servicios de búsqueda, evacuación o rescate, ambas sanciones deberán aplicarse conjuntamente.

El proyecto establece que quienes sean condenados por desobedecer órdenes de seguridad deberán reembolsar al Estado los gastos de búsqueda, evacuación o rescate, con responsabilidad solidaria si hay varios condenados. El monto será fijado por resolución del Ministerio del Interior y podrá cobrarse judicialmente; si no se paga en 60 días, los antecedentes se remitirán al Consejo de Defensa del Estado. Un reglamento regulará el cálculo, cobro y distribución de los recursos, y la ley entrará en vigencia 60 días después de su publicación. Excepcionalmente, podrá solicitarse el reembolso sin condena previa, mediante resolución fundada. La iniciativa busca sancionar la desobediencia deliberada sin alterar el deber de rescatar y proteger toda vida humana.

Vea texto mociónBoletín N°18.587-06 y siga su tramitación aquí.