Salud mental y discriminación
Por un derecho a la salud mental en la nueva Constitución
Las afecciones a la salud mental no sólo impactan a quien padece este problema, a sus familias y círculo cercano. Irrogan también un costo para el Estado, lo que agrava las consecuencias de su deficitario abordaje.
Un diagnóstico psiquiátrico es una condena. Quien padece un problema de salud mental es tratado en general de loco, violento, impredecible, irresponsables o débiles, teniendo que lidiar con estos prejuicios, casi siempre, de por vida. Incluso si el problema está controlado o superado. Es un estigma, y si bien, esta marca no está “hecha en la piel con hierro candente”, sí es una “nota infamante”.
Atribuirles estas características a quién padece de problemas de salud mental hace que, socialmente, ellos se consideren distintos a los demás. Y al no ser iguales a “los demás”, no se les dispensa un trato digno a pesar de que consideramos que la dignidad es un atributo inseparable de la persona, base y sustento de todos los derechos humanos, suprimiéndoles la condición de titulares de tales derechos a partir de su padecimiento.
Un trágico doble castigo. Los “locos” – según el pensamiento generalizado – no son capaces de vivir en sociedad.
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