Tema
Control de identidad
El máximo tribunal mantuvo la condena por microtráfico y conducción bajo la influencia del alcohol. Concluyó que la huida nocturna en un vehículo con vidrios polarizados y sin la placa patente delantera constituyó un indicio objetivo suficiente para justificar la fiscalización.
31 de julio de 2026
Flagrancia y registro domiciliario
El máximo tribunal descartó vulneración de garantías al estimar que la policía actuó ante una situación de flagrancia al advertir municiones desde un espacio común, confirmando la condena a 541 días de presidio efectivo. Voto en contra; en un inmueble tipo cité la autorización para el ingreso debía ser otorgada por el ocupante específico o mediante orden judicial. Existió vulneración al derecho a la vida privada y a la intimidad, además de contradicciones en los hechos establecidos por el tribunal de instancia.
01 de mayo de 2026
Flagrancia
Descartó vulneraciones al debido proceso y concluyó que Carabineros actuó dentro de sus facultades legales al fiscalizar a la acusada en la vía pública. La sentencia por receptación de vehículo motorizado, dictada por el Tribunal Oral de Antofagasta, quedó firme
27 de febrero de 2026
Nulidad penal rechazada
Desestimó vulneraciones de garantías, ilegalidad del procedimiento policial y falta de fundamentación del fallo. El actuar policial se ajustó a derecho y la sentencia del tribunal oral cumplió con todas las exigencias de motivación.
05 de diciembre de 2025
Nulidad de despido disciplinario.
La Constitución Política del Perú establece que los documentos privados solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley, y en su defecto al no seguirse el procedimiento establecido, las pruebas obtenidas carecen de efecto legal.
14 de noviembre de 2024
Se anula absolución del acusado.
Aunque se reconocían las violaciones a la Carta, la policía actuó con una base razonable para sospechar del acusado, dada su vinculación con pandillas y el contexto de su detención en una zona de alta criminalidad. Se concluyó que la gravedad de las violaciones no justificaba la exclusión de la prueba.
16 de octubre de 2024
Confirmó el despido del recurrente.
La normativa no impide que la investigación llevada a cabo por el detective incluya hechos sensibles que, aunque ocurran en el interior del domicilio, trasciendan de forma natural del mismo y puedan ser captados desde el exterior, sin necesidad de artificio alguno. No se puede declarar ilícita la prueba por el hecho de que el detective haya visto u oído algo que acontecía en un lugar del domicilio que era fácilmente visible desde el exterior.
24 de mayo de 2024
España.
La prueba de detective, por el hecho de no probar el empresario, sospechas fundadas que le llevan a su contratación, no incurre en infracción alguna, ni de la ley de seguridad privada ni de ningún derecho fundamental de la trabajadora. Su legitimidad viene dada por su condición de empresario o por ser el demandado en un pleito, al concurrir en tales casos el interés legítimo que exige la ley de seguridad privada.
06 de octubre de 2023
Estados Unidos.
Lejos de demostrar cualquier intento de mantener los videos como archivo privado, el demandado llevó a cabo un "acto afirmativo" al dar permiso a un tercero para grabarlo en video y conservar las grabaciones. De hecho, buscó a un camarógrafo con el fin de grabar en video su vida cotidiana para promocionarse a sí mismo y a su música. Él “asumió el riesgo” de que el tercero que creaba las grabaciones pudiera divulgarlas.
25 de julio de 2023
Corte Suprema de Canadá.
La evidencia obtenida de la detención policial ilegal no debería haber sido excluida. La policía actuó sin autoridad estatutaria al efectuar la detención, pero dada la inseguridad jurídica que existía en el momento de la detención aleatoria por sobriedad, la infracción no fue tan grave como para requerir que el Tribunal se desvincule de las acciones policiales.
29 de marzo de 2023
Tribunal Supremo de España.
Si bien no se puede aceptar que la mínima sospecha de robos cometidos por los empleados pueda justificar la instalación de un sistema de video vigilancia encubierto, en casos concretos la existencia de sospechas razonables de que se han cometido graves irregularidades convierte este medio en prueba lícita.
31 de agosto de 2022