Tema
Ejecución de penas
El máximo tribunal revocó fallo de la Corte de Valparaíso y estableció que aplicar normas más gravosas de forma retroactiva vulnera el principio de legalidad penal y amenaza la libertad personal del condenado, instruyendo a Gendarmería ajustar el cómputo según la normativa vigente al momento de los hechos
04 de abril de 2026
Medida no es discriminatoria
Determinó que la exigencia de pantalones largos para internas frente a los cortos permitidos a los hombres no constituye una discriminación arbitraria. La sentencia se fundamenta en informes técnicos sobre la privacidad y la salud de las mujeres, desestimando las alegaciones presentadas bajo la normativa de igualdad vigente, en medio de un debate sobre la dignidad en condiciones climáticas extremas.
19 de enero de 2026
Derecho a elecciones libres
El Tribunal subrayó la gravedad de sus delitos, su reincidencia y el riesgo para la sociedad, concluyendo que la restricción no fue desproporcionada. Recordó que, tras el caso Hirst, el Reino Unido introdujo medidas administrativas acogidas por el Consejo de Europa. Aunque se debatió ampliar el voto a presos con condenas menores, no se legisló al respecto. El Tribunal insistió en analizar la aplicación concreta de la norma y no su validez abstracta, ratificando así la compatibilidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
25 de septiembre de 2025
Derecho a la salud
Amparó el derecho fundamental a la salud de una persona privada de libertad, diagnosticada con un tumor cerebral. La Corte concluyó que existieron fallas en la atención médica por parte de las entidades responsables del sistema penitenciario y ordenó adoptar medidas para garantizar la continuidad de los tratamientos. La decisión reiteró que las personas en reclusión dependen enteramente del Estado para acceder a los servicios médicos, por lo que no pueden verse afectadas por obstáculos administrativos ni de presupuesto en estos casos.
30 de agosto de 2025
Derechos laborales.
La proyección del salario es de alcances incluso mayores, dado que también comprende el ejercicio de los derechos humanos civiles y políticos, desde el momento en que, conforme al ya universalmente consolidado principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el antedicho ejercicio es “imposible” sin el goce paralelo de los derechos económicos, sociales y culturales.
30 de abril de 2025
No es la vía idónea.
Gendarmería actuó conforme a la normativa vigente, y la naturaleza del recurso de amparo es de carácter excepcional, y su supuesto de hecho resulta o proviene de un caso o escenario de limitación o privación de libertad arbitraria o ilegal, lo que no ocurre ni se aprecia en la especie.
26 de abril de 2025
Vulnera la Octava Enmienda.
Los demandantes, reclusos y cuatro organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos civiles y penitenciarios, adujeron que la política de control térmico implementada por el Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ) vulnera la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales.
03 de abril de 2025
Recurso de nulidad rechazado.
El funcionario incurrió en el ilícito establecido en el artículo 256 del Código Penal, al negar la protección de una persona puesta bajo su cuidado, condena que fue confirmada por el máximo Tribunal, que descartó vulneración al debido proceso en el juicio.
27 de septiembre de 2024
Recurso de amparo acogido con voto en contra.
No se trata de un detalle o de un formalismo, se trata del acto que debe ser sancionado, y este acto no está descrito en la propuesta de sanción. La circunstancia de estar privados de libertad, con todo lo que ello implica tanto en lo formal, como en lo material que incluye una “cultura penitenciaria” particular, no impide que los internos gocen de las garantías mínimas de un debido proceso o procedimiento racional y justo frente a denuncias que pudieren afectar sus derechos.
23 de agosto de 2024
Recurso de amparo acogido por Corte de Antofagasta.
De acuerdo a la normativa nacional e internacional no puede ponerse en dudas que el Estado, a través de Gendarmería y de los Tribunales de Justicia, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, especialmente respecto de aquellos que padecen enfermedades graves, y le corresponde a un juez de garantía adoptar las medidas que pudieren resultar posibles.
17 de agosto de 2024
Corte Constitucional de Colombia.
Tanto el derecho a la integridad física y moral, como el derecho a la salud son inherentes a la naturaleza y dignidad humana. Por eso el Estado debe garantizar su pleno desarrollo y no puede suspenderlo ni restringirlo a las personas privadas de la libertad. La integridad física y moral implica el derecho a vivir sin ser sometido a ningún tipo de humillación o de instrumentalización.
09 de abril de 2023
Recurso de amparo acogido.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que la recurrida no ha demostrado que informó claramente a la familia lo sucedido y la situación actual del amparado.
30 de junio de 2022