La sola acusación por delito que merece pena aflictiva no basta para entender suspendido el derecho a sufragio, se requiere que el auto de apertura del juicio oral se encuentre firme o ejecutoriado

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, interpuesto por Martin Abdón Arriagada Urrutia, quien ejercía como alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, acusado como autor de fraude al fisco, ilícito previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal por la venta de permisos de circulación sin exigir el pago previo de las multas de tránsito adeudadas, durante los procesos de renovación de dichos permisos correspondientes a los años 2014 y 2015, mediante el cual impugnó el artículo 17 de la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y el artículo 61 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, causa que se sigue ante el Juzgado de Garantía de Curicó, en actual conocimiento del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esa ciudad.

Los preceptos legales cuya aplicación fue impugnada para resolver el fondo de la gestión pendiente, establecen:

“Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que, en el mes anterior, hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.” (Art. 17, Ley Nº 18.556).