Requerimiento de inaplicabilidad.
Normas que regulan la oferta y aceptación de compra directa de bienes del deudor sujeto al procedimiento concursal, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.
La requirente alega que las normas legales objetadas infringen el derecho de propiedad y el principio de continuidad de la empresa, desde que permiten que un tercero realice una propuesta u oferta a su arbitrio y con ello que los acreedores mayoritarios puedan aceptarla unilateralmente con el solo objeto de cubrir su crédito.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 222 y 223 de la Ley N°20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.
Los preceptos legales impugnados establecen:
“Artículo 222.- Deber de información del Liquidador. Todas las ofertas de compra directa que se formulen deberán dirigirse por escrito al Liquidador, quien las expondrá a los acreedores en la Junta de Acreedores inmediatamente siguiente. (Art. 222, Ley N°20.720).
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