No se aplica la Ley N°21.227 a los asistentes de la educación de establecimientos educacionales administrados directamente por municipalidades.

La Municipalidad de Punitaqui solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento que determine si resulta aplicable la Ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N°19.728 en circunstancias excepcionales a los asistentes de la educación, que mantienen sus actividades paralizadas por orden de la autoridad en el contexto de la crisis sanitaria derivada del brote del COVID-19, y que se afiliaron a dicho seguro.

Al respecto, el ente contralor señala que el personal asistente de la educación de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades se rige por el Código del Trabajo, por las normas especiales de la Ley N°19.464, Ley N°18.883 en lo relativo a permisos y licencias médicas, y Ley N°21.109; y, conforme a dicha normativa, revisten la calidad de funcionarios públicos.

En seguida, expone que la Ley N°19.728 establece un seguro obligatorio de cesantía, en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo -como ocurre en la especie-, en las condiciones previstas en esa ley; y que la Ley N°21.227 -también conocida como Ley Sobre Protección al Empleo-, establece un sistema de suspensión de los efectos de los contratos individuales de trabajo a que indica, durante el período de tiempo que el acto o declaración de autoridad determine.