Corte Suprema mantiene fallo que acogió tutela laboral de funcionario de la Municipalidad de Pucón al que se le exige hacer entrega del cargo de jefatura que ejercía y se disminuye su remuneración.

La Corte Suprema rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia deducido en contra de la sentencia que se rechazó la excepción de caducidad opuesta por la parte recurrente y que acogió la demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido indirecto y cobro de prestaciones de exfuncionario de la Municipalidad de Pucón.

El fallo de mérito desestimó la excepción de caducidad, por cuanto no obstante que la demanda alude entre sus basamentos a lo dispuesto en el artículo 486 del Código del Trabajo, lo cierto es que se desprende de su tenor literal, así como también de la suma y presuma, que el demandante dedujo su acción de tutela por vulneración de derechos con ocasión del despido, autodespido en el caso, de manera que la norma aplicable es la del artículo 489 del código citado, que establece que la denuncia debe interponerse dentro los sesenta días contados desde la separación, por lo que al haberla presentado 31 de julio de 2019 y puesto término al contrato el 25 de junio de 2019, ha de concluirse que no ha transcurrido el plazo que contempla la norma en cuestión.

La resolución del máximo Tribunal agrega que la denuncia de tutela laboral fue acogida tras dar por acreditado que la denunciada incurrió ‘en conductas que han limitado injustificadamente en forma arbitraria y sin respeto a su contenido esencial los derechos constitucionales y legales invocados por el trabajador, excediendo los límites dispuestos en el legítimo ejercicio del ius variandi, ya que no cumplió con lo prescrito por el Código del Trabajo en sus artículos 11 y 12, al disponer de modificaciones esenciales sin el consentimiento del trabajador, y en menoscabo de sus derechos, resultando claramente perniciosa la decisión adoptada, omitiendo el desarrollo de un perfil adecuado para el cargo para no incurrir en sobrecarga laboral, que implicase por ejemplo, mayor personal de apoyo; prefiriendo en cambio, exigir la renuncia al cargo en una reunión que ni siquiera tuvo el carácter de privada o reservada, estableciendo nuevas funciones en un cargo inferior, y lo que es peor, llevando dicho cambio a la práctica, mediante la sola dictación de un decreto alcaldicio, sin contar con el consentimiento del trabajador’; hechos que se produjeron en febrero de 2019, cuando se exige al actor hacer entrega del cargo de jefatura que ejercía y se disminuye su remuneración, circunstancias que se mantuvieron inalteradas hasta su despido indirecto.