Recurso de protección que cuestiona el procedimiento de consulta indígena de la Convención Constitucional, no se admite a trámite por la Corte Suprema.

La Corte Suprema confirmó la resolución dictada por la Corte de Santiago, que declaró inadmisible la acción de protección interpuesta por la comunidad mapuche de Ranquilco Grande, en contra de la Convención Constitucional.

En su libelo, la recurrente hace referencia a la obligación que impone el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT a los gobiernos de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y que estas consultas sean efectuadas de buena fe, con la finalidad de lograr un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Agrega que el Decreto 66 que aprobó el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, establece en su artículo 11 el carácter previo de la consulta, indicando que ésta será previa, entendiéndose por tal aquella que se lleve a cabo con la debida antelación y entregue al pueblo indígena afectado la posibilidad de influir de manera real y efectiva en la medida que sea susceptible de afectarle directamente.