Igualdad ante la ley.
Recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República en que se acusa falta de celeridad administrativa en adoptar decisiones en procedimientos de cobro, se acoge a trámite por la Corte Suprema.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

La Corte Suprema revocó la resolución pronunciada por la Corte de Santiago, y declaró admisible la acción de protección deducida en contra de la Tesorería General de la República (TGR).
En su libelo, el recurrente expone que los hechos que motivan el recurso datan del día 24 de marzo de 2004, fecha en la que fue notificado y requerido de pago a raíz de un procedimiento administrativo iniciado en su contra por la Tesorería Provincial de Las Condes, sobre cobro ejecutivo por supuestas deudas de formulario 22.
El procedimiento administrativo en cuestión pretendía demandar el cobro judicial por supuestas deudas de formulario 22, en particular, bajo los folios N° 17884931 y 18613132, por la suma total de $50.769.393, con vencimiento legal al 30 de abril de 2001 y 30 de abril de 2002, respectivamente.
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