CGR.
Funcionarios del Hospital Clínico de la Universidad de Chile deben computar una antigüedad mínima de siete meses para tener derecho al bono especial de emergencia sanitaria COVID-19.
Dicha antigüedad debe verificarse al 31 de diciembre de 2020.

Una funcionaria del Hospital Clínico de la Universidad de Chile consultó a la Contraloría General de la República si debe computar una antigüedad mínima en el cargo para acceder al pago del bono especial de emergencia sanitaria COVID-19, previsto en los artículos 85 y 89 de la Ley N°21.306.
Al respecto, el ente contralor señala que el citado artículo 85 -que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, entre otras materias- contempla, para el año 2021 y por una sola vez, un bono especial de emergencia sanitaria COVID-19, de cargo fiscal y cuyo monto será de $200.000, para el personal del área salud que señala y que se encuentre en servicio a la fecha de su pago.
Añade que el artículo 89 dispone que el Ministerio de Hacienda debía informar, a más tardar el 31 de marzo de 2021, la forma en la cual se otorgaría el citado bono, entre otros, al personal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, siempre que cumplan jornada completa con una antigüedad no menor a siete meses, comprendiendo funcionarios del sector salud que hayan prestado atención sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 y siempre que cumplan los requisitos de la Ley N°20.646; lo que ocurrió con la dictación del ordinario N°598 de 2021.
Te puede interesar

Médicos extranjeros.
Procede reconocer la experiencia profesional obtenida en el extranjero para efectos de acceder al Nivel I de la Etapa de Planta Superior de los Servicios de Salud, dictamina la Contraloría.

CGR.
La decisión de declarar extemporáneos los recursos de reposición interpuestos en contra de resolución que aplica multas por la JUNAEB a la Unión Temporal de Proveedores Casinos Nacionales, se ajusta a derecho.

CGR.
Gobernador Regional puede convocar a las SEREMIS y/o a las direcciones regionales de los servicios públicos para tratar las políticas que contribuyan a la estrategia regional de desarrollo.

