Recurso de queja acogido.
La nulidad del despido mantiene subsistente la obligación del empleador de remunerar al trabajador desvinculado hasta que las cotizaciones previsionales sean correcta e íntegramente enteradas en los organismos respectivos.
Los jueces de fondo revocaron la sentencia de base y en su lugar, de oficio, eximieron del pago a empleador y tuvieron por terminada la ejecución sin tener causa legal para ello, decisión adoptada con falta y abuso grave al privar al trabajador de su derecho al debido proceso y conocer los razonamientos adoptados por la Corte para arribar a tal conclusión.
La Corte Suprema acogió el recurso de queja interpuesto en contra de los ministros integrantes de la Corte de Iquique que, de oficio, invalidaron la sentencia de primera instancia que rechazó la solicitud de convalidación del despido efectuada por la ejecutada y decidió, en su lugar, dar por pagada la totalidad del crédito y por terminada la ejecución.
Se acogió la demanda por despido injustificado y nulo. Se certificó la ejecutoria del fallo por lo que se ingresó a cobranza, ordenándose la liquidación del crédito, actuación que determinó el monto de la deuda en $23.302.773.-. Se practicó una segunda liquidación, determinándose la cantidad adeudada en $28.419.122 por “sueldos por convalidación”, monto que fue consignado el día siguiente por el representante legal de la ejecutada, mediante la entrega de un cheque. Previa solicitud de parte, se practicó una nueva liquidación, que determinó una deuda por “sueldos por convalidación” de $5.014.692, que fue consignada por el representante legal de la ejecutada el día siguiente, a través de la entrega de un cheque. Para efectuar las consignaciones descritas, el compareciente actuó personalmente y sin asistencia letrada. Luego, la ejecutada designó abogado, quien solicitó la declaración de convalidación del despido, por cuanto las cotizaciones previsionales del período comprendido entre mayo de 2015 y mayo de 2019 fueron solucionadas, petición a la que se opuso el ejecutante, por cuanto la sentencia de la instancia declaró que el vínculo laboral comenzó el 26 de mayo de 2014, por lo que tales prestaciones permanecían impagas. En primera instancia se rechazó la solicitud de la ejecutada. Se alzó la ejecutada alegando que, en la determinación del monto adeudado correspondiente al período reconocido en el fallo declarativo, se debía considerar la suma de $500.000.-
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Dirección del Trabajo carece de competencia para conocer de una materia laboral controvertida entre las partes de una relación laboral que requiera de prueba y su ponderación.
Artículo 54 de la Ley 19.880 y 5 de la LOC de la Dirección del Trabajo.
Dirección del Trabajo carece de competencia para pronunciarse sobre materias pendientes en sede jurisdiccional.
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