Es inconstitucional normativa catalana dictada en pandemia que regula el arriendo de negocios al afectar la libertad contractual de las partes, resuelve el Tribunal Constitucional de España.

El Tribunal Constitucional de España acogió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de primera instancia. Declaró la nulidad de unas disposiciones dictadas durante la pandemia del Covid-19 que regulaban las relaciones comerciales en materia de arrendamiento de negocios.

La cuestión fue promovida en el marco de una demanda que una empresa dedujo contra otra para solicitar la suspensión del pago de las rentas de un local comercial. Ello, debido a su insolvencia acaecida a causa de las restricciones contra el Covid-19 que afectaron su actividad empresarial haciendo el contrato “(…) extremadamente oneroso, habiéndose quebrado el principio de conmutatividad del mismo, y por aplicación de la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus. Se ha intentado llegar a un acuerdo con resultado infructuoso”.

Durante la tramitación del caso el demandante solicitó al juzgado la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad, para que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el fondo de la legislación aplicable al asunto: el artículo 2.1, letras a) y b) del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en los locales de negocio arrendados.