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Recurso de protección rechazado por Corte de Punta Arenas.

Subsidio habitacional que se dejó sin efecto porque beneficiaria era titular de derechos hereditarios no es ilegal.

La propia recurrente ha reconocido expresamente la existencia de una comunidad hereditaria, dentro de la cual, existe un inmueble en la localidad de Quellón en el que tiene derechos, pretendiendo fundamentar la arbitrariedad en un supuesto desconocimiento de aquello.

5 de mayo de 2023

La Corte de Punta Arenas rechazó el recurso de protección interpuesto en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región de Magallanes por haber dejado sin efecto un subsidio habitacional otorgado a una beneficiaria.

La actora expone que, la decisión impugnada es arbitraria e ilegal, ya que no sólo han transcurrido cinco años desde que se adjudicó el subsidio, sino que además no tenía conocimiento de los derechos en comunidad hereditaria que tenía sobre un inmueble en la provincia de Chiloé, por cuanto no sabía que su familia había realizado la posesión efectiva de su padre al momento de postular al subsidio habitacional como así tampoco cuando fue seleccionada, porque no reside en la comuna de Quellón, lugar al que tampoco le interesa volver, puesto que en Punta Arenas tiene mayores expectativas laborales y mejor calidad de vida.  Por consiguiente, no puede ser eliminada del registro de beneficiarios, ya que cumplió con los requisitos para postular al subsidio que entrega y confiere el Decreto Supremo Nº49 y con el monto del ahorro comprometido para el proyecto de 30 UF.

Estima vulnerado su derecho de propiedad y solicita que se deje sin efecto el acto administrativo que eliminó la selección y otorgamiento del subsidio habitacional.

El recurrido informó que “(…) la recurrente postuló al subsidio habitacional en el año 2017, para lo cual, mediante escritura pública, cedió todos los derechos que le correspondían en un inmueble ubicado en la Isla Laitec, comuna de Quellón, provincia de Chiloé, por un precio de $15.000.000.-, y luego de ser beneficiada con el subsidio habitacional en el año 2017 y previo a la aplicación del subsidio, a través de escritura pública de compraventa de diciembre de 2020, adquirió todas las acciones y derechos en el inmueble que en su momento había transferido,  ingresando nuevamente a su patrimonio las acciones y derechos que había transferido primitivamente.”

Enseguida, agrega que “(…) la recurrente solicitó reconsiderar la decisión argumentando que había enajenado nuevamente las acciones y derechos, petición que fue denegada por oficio 18 de enero de 2023, principalmente porque infringió la normativa habitacional, todo lo cual fue reclamado ante la CGR, órgano que, previo informe de su institución, se pronunció rechazando el requerimiento que buscaba dejar sin efecto la decisión de este servicio.”

La Corte de Punta Arenas rechazó la acción de protección. Razona que, de acuerdo con la letra b) del artículo 4 del D.S. N°49 Aprueba Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda  y del artículo 61 de su Reglamento, “(…) no se advierte arbitrariedad o ilegalidad alguna toda vez que actuaron dentro del ámbito de su competencia y con estricto apego a la legalidad vigente ya reseñada, por lo que las resoluciones tampoco tienen el carácter de caprichosas o carentes de razonabilidad, pues obedecen, al cumplimiento de las normativas ya citadas.”

Por otra parte, advierte que, “(…) la propia recurrente ha reconocido expresamente la existencia de una comunidad hereditaria, dentro de la cual, existe un inmueble en la localidad de Quellón, pretendiendo fundamentar la arbitrariedad, en un supuesto desconocimiento de aquello, sin embargo, procede a ceder sus acciones y derechos con el fin de superar la prohibición contenida en el artículo 4° del citado D.S. N°49 y, pendiente la aplicación del subsidio, procede a reincorporar a su patrimonio las referidas acciones y derechos, incurriendo en la causal del artículo 61 del citado Decreto Supremo.”

En base a esas consideraciones, la Corte rechazó el recurso de protección en contra del SERVIU de Magallanes.

 

Vea sentencia Corte de Punta Arenas Rol N°149-2023.

 

 

 

 

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