Inaplicabilidades rechazadas con votos en contra.
Norma que impone al apelante ejecutado en cobranza laboral la obligación de consignar la suma total de lo adeudado, no produce resultados contrarios a la Constitución.
La situación económica de quien requiere no es un enfoque de caso concreto, ya que una valoración de este tipo escapa al razonamiento que exige la inaplicabilidad −siempre de carácter jurídico− en torno a que de la aplicación de una norma legal en una determinada gestión pendiente pueda colegirse la producción de efectos inconstitucionales.

El Tribunal Constitucional rechazó, con votos en contra, los requerimientos de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, que impugnaron el inciso primero del artículo 8° de la Ley N°17.322, que “Establece Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social”.
El precepto legal se solicitó declarar inaplicable para resolver los procesos sustanciados ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel seguidos en contra de la Municipalidad de La Pintana.
La norma legal impugnada establece lo siguiente:
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