Diario Constitucional

Se debe reducir en una hora al día al término de la jornada laboral.

Contraloría se pronuncia sobre la aplicación de la reducción de la jornada laboral dispuesta en la ley de las 40 horas, a los funcionarios públicos regidos por el Código del Trabajo.

Por tratarse de servicios públicos, al momento de convenir los términos de la rebaja, la autoridad administrativa deberá respetar las limitaciones y modalidades a las que el órgano se encuentra sujeto, así como ceñirse a los principios de eficiencia y eficacia, de continuidad de la función pública, control jerárquico y probidad administrativa.

Por Redacción·01 de mayo de 2024·6 min de lectura
Contraloría se pronuncia sobre la aplicación de la reducción de la jornada laboral dispuesta en la ley de las 40 horas, a los funcionarios públicos regidos por el Código del Trabajo.
Referencial

La Contraloría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, expresadas en la facultad de control e interpretación de las normas que rigen a los servidores públicos, entre los que se comprenden los regulados por el Código del Trabajo, estimó necesario emitir un pronunciamiento sobre algunos aspectos relacionados con la implementación, en ese ámbito, de la reducción de la jornada laboral dispuesta por la ley Nº 21.561.

Como cuestión previa, señala que la mencionada ley Nº 21.561, publicada el 26 de abril de 2023, introdujo diversas modificaciones al Código del Trabajo, entre las cuales se encuentra la reducción de la jornada laboral de cuarenta y cinco a cuarenta horas semanales, la que, conforme a la historia de dicho texto legal, tuvo como finalidad mejorar la calidad de la vida personal y familiar de los trabajadores, disminuyendo riesgos para la salud, potenciando el bienestar y el rendimiento laboral.

Por otra parte, refiere que, tratándose de servidores públicos regulados por el Código del Trabajo, las disposiciones de dicho cuerpo legal, así como su legislación complementaria, adquieren el carácter de estatuto jurídico de derecho público, por lo que esa preceptiva debe aplicarse e interpretarse en el marco de los principios y normas inherentes a la Administración (dictámenes N° 25.472, de 1992, 25.563, de 2019 y E311546, de 2023).

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