Normas que establecen los reajustes, intereses y recargos que afectan las deudas previsionales, y la que exige consignar el total adeudado para apelar, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional admitió a trámite, con suspensión, para resolver sobre su admisibilidad, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que impugna el artículo 19, incisos 11, 12 y 13 del Decreto Ley 3.500, que Establece Nuevo Sistema de Pensiones; el artículo 3 N° 5 de la Ley N°19.260, que Modifica Ley N°17.322 y Decreto Ley N°3.500, de 1980, y dicta otras normas de carácter previsional; y, finalmente, el inciso 6º del artículo 22 de la Ley Nº 17.322, que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, en cuanto establecen el sistema de cálculo por deudas previsionales, determinan los reajustes, interés y multas, para que no se apliquen en la resolución de lo pendiente en causa seguida ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Los preceptos legales cuestionados disponen:

“Para cada día de atraso la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 18.010, aumentado en un cincuenta por ciento”. (Art. 19, inciso 11, DL 3500).