Corte de suministro de agua potable por deuda morosa se ajusta a la legalidad y las disputas sobre su procedencia deben ser dilucidadas en un procedimiento de lato conocimiento.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de una empresa de agua potable y de la administración de un edificio, por el cobro de una deuda de agua y por el corte del suministro de ese servicio básico.

Los recurrentes sostuvieron que en marzo de 2022 arrendaron un inmueble sin deuda por servicios básicos. Sin embargo, en marzo de 2024, recibieron una factura de agua potable por un monto exorbitante de $1.562.120.-, correspondiente a una deuda de 2018 que no había sido cobrada debido a la pandemia.

Cuestionaron la legitimidad del cobro, ya que al ingresar al inmueble en 2022 no se les notificó la deuda. Además, añadieron que el personal de la empresa de aguas intentó cortar el suministro en marzo de 2024, lo que afectó gravemente su calidad de vida, incluyendo su alimentación, higiene personal y acceso a servicios laborales y académicos.