Usuario que tardó dos días en reportar anomalías en sus productos bancarios incurrió en culpa grave, facilitando la comisión del delito.

La Corte de Santiago revocó la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de Recoleta, que desestimó la demanda entablada por un banco con el fin de obtener la restitución de los fondos entregados por una transacción electrónica fraudulenta, al amparo de la Ley Nº 20.009.

La causa inició por una demanda presentada por la entidad financiera, conforme al artículo 5 de la Ley Nº 20.009, alegando que el demandado actuó con dolo o culpa grave en las transacciones bancarias cuestionadas. Argumentó que dichas operaciones fueron validadas mediante los mecanismos de seguridad del banco, incluyendo el ingreso de la clave secreta, los datos de las tarjetas y las coordenadas de seguridad, sin que se detectaran patrones sospechosos. Solicitó la revocación de la sentencia que rechazó su demanda y que se acoja íntegramente la acción.

El demandado relató que el 26 de octubre de 2021 intentó ingresar a la aplicación móvil del banco sin éxito, bloqueando su acceso tras reiterados intentos con clave inválida. Posteriormente, el 28 de octubre reinstaló la aplicación y modificó su contraseña sin notar anomalías en su cuenta, hasta que el 29 de octubre descubrió múltiples transacciones no autorizadas realizadas el 27 de octubre. Denunció los hechos a Carabineros el 30 de octubre y recién logró contactarse con su ejecutiva bancaria el 2 de noviembre. No obstante, reconoció que ese mismo día realizó otras transacciones a través de un medio bancario distinto, vinculadas a su cuenta.