Corte Suprema reconoce relación laboral de trabajadora municipal contratada a honorarios y fija criterios sobre subordinación en programas públicos

Enseguida, el máximo Tribunal precisó que, cuando las funciones desarrolladas en la práctica exceden los límites propios de los cometidos específicos y revelan características de habitualidad, continuidad y permanencia, corresponde aplicar el Código del Trabajo. De esta forma, enfatizó que el análisis no puede quedar restringido a la calificación formal del vínculo, sino que debe centrarse en la realidad de la prestación de servicios, de modo que, si se configuran los elementos de subordinación y dependencia, la relación debe calificarse como laboral, desplazando la normativa administrativa que regula la contratación a honorarios.

A continuación, la Corte Suprema examinó el marco normativo aplicable a las municipalidades, destacando sus fines y funciones legales, particularmente en materia de promoción del desarrollo comunitario y ejecución de políticas públicas en el ámbito social. Sobre esa base, sostuvo que las labores desempeñadas por la actora —aunque formalmente insertas en programas específicos financiados con recursos externos— se vinculaban directamente con funciones propias y permanentes del municipio, lo que resulta incompatible con la noción de cometidos acotados, ocasionales y excepcionales que justifica la contratación a honorarios.

Finalmente, al contrastar estos criterios con los hechos establecidos en la causa, el máximo Tribunal razonó que las condiciones en que se desarrollaron los servicios —incluyendo la existencia de jornadas de trabajo, la sujeción a instrucciones de la jefatura, la obligación de informar periódicamente sobre las tareas realizadas, la integración a la estructura organizacional mediante credenciales y permisos, y la percepción de una remuneración mensual— evidencian la presencia de subordinación y dependencia. Tales elementos, en los términos de los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo, permiten concluir que la relación jurídica presenta los rasgos propios de un vínculo laboral, distinguiéndola de otras formas de prestación de servicios reguladas por el derecho civil o administrativo.

En sentencia de reemplazo, la Corte Suprema revocó la sentencia de alzada y acogió el recurso de nulidad razonando que, a partir de los hechos establecidos en la causa, la demandante prestó servicios durante un extenso período mediante sucesivos contratos a honorarios, desempeñando funciones en diversos programas municipales, percibiendo una remuneración mensual, cumpliendo jornadas de trabajo y contando con elementos de integración institucional como credencial y permisos. Tales antecedentes, en su conjunto, permitían advertir que las labores desarrolladas no se apartaban de las funciones propias y permanentes del municipio, lo que resultaba incompatible con la naturaleza excepcional de la contratación a honorarios.

En ese contexto, el máximo Tribunal sostuvo que, más allá de lo estipulado en los contratos y de la denominación formal del vínculo, debía atenderse a la realidad efectiva en que se desarrolló la relación, concluyendo que en los hechos se configuraban los elementos propios de un contrato de trabajo, en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo. En particular, destacó la concurrencia de subordinación y dependencia, manifestada en el cumplimiento de jornadas, la sujeción a instrucciones y la existencia de una remuneración periódica.

Asimismo, la Corte Suprema enfatizó la aplicación del principio de primacía de la realidad, señalando que, en caso de discordancia entre lo que surge de los documentos y lo que ocurre en la práctica, debe prevalecer esta última, de modo que las formalidades contractuales no pueden desvirtuar la verdadera naturaleza jurídica del vínculo. Desde esta perspectiva, estimó que la relación debía calificarse como laboral, al concurrir los elementos que la configuran, lo que implica la sujeción al régimen del Código del Trabajo.

Finalmente, el máximo Tribunal desarrolló consideraciones en materia previsional, reiterando que el pago de cotizaciones de seguridad social constituye una obligación del empleador, aunque reconoció que, en el contexto de contrataciones a honorarios en la Administración, pueden existir situaciones en que el trabajador haya enterado directamente dichas cotizaciones o asumido contractualmente dicha carga, lo que debe ser ponderado para evitar duplicidades. Asimismo, precisó criterios respecto del pago de cotizaciones de cesantía y de los efectos en materia de reajustes e intereses, atendida la especial situación de este tipo de vínculos y la presunción de legalidad que los ampara.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema acogió la demanda, declaró la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 15 de octubre de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2022 y calificó su término como un despido injustificado, condenando a la municipalidad al pago de indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicio con el recargo legal correspondiente, feriado legal y proporcional, así como al entero de las cotizaciones previsionales, de salud y de seguro de cesantía adeudadas durante la vigencia del vínculo —en los períodos no cubiertos—, con los reajustes e intereses que indica la ley.

Se previno que la ministra señora Chevesich concurrió a las decisiones relativas al pago de cotizaciones previsionales, de salud y de seguro de cesantía por ajustarse a una línea jurisprudencial uniformada del máximo Tribunal, pero dejó constancia de que no incorporaba su postura personal sobre la materia, atendido que ha sostenido un criterio diverso en ese ámbito.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº19173-2024, de reemplazo, Corte de San Miguel Rol N°93-2024 (laboral – cobranza) y del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel Rit N° O-63-2023.