Suprema permite perseguir a exfiscal por violación de secretos y descarta otros tres delitos

La Corte Suprema revocó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción en la parte que dio lugar a la querella de capítulos interpuesta por el Ministerio Público en contra del ex fiscal adjunto de Los Ángeles, Rodrigo Antonio Durán Fuica, por los delitos de asociación criminal, establecido en el artículo 293 del Código Penal, al de negociación incompatible del artículo 240 del estatuto punitivo y de aquel regulado en artículo 27 de la Ley N°19.913, y, en su lugar, la declaró inadmisible, pero confirmó la referida sentencia en lo que guarda relación con la acusación formulada a su respecto por el delito contemplado en el artículo 246 del Código Penal por el que sí podrá perseguirse su responsabilidad penal.

El máximo tribunal explicó que la querella de capítulos constituye un procedimiento previo o antejuicio, cuyo objeto es obtener del tribunal competente la autorización necesaria para proceder penalmente contra determinados funcionarios, entre ellos los fiscales del Ministerio Público, por hechos ejecutados en el ejercicio de sus funciones que pudieran constituir delitos. Se trata, por tanto, de una autorización previa exigida por la ley antes de iniciar el proceso criminal propiamente tal.

Luego, la Corte recordó que el artículo 425, inciso primero, del Código Procesal Penal dispone que, una vez cerrada la investigación, si el fiscal estima procedente formular acusación por crimen o simple delito contra un juez, fiscal judicial o fiscal del Ministerio Público, debe remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva para que esta determine si existe mérito suficiente para declarar admisibles los capítulos de acusación.

Respecto de la expresión “si hallare mérito”, el fallo aclaró que esta no exige comprobar completamente la existencia del delito ni adquirir certeza respecto de la participación del funcionario querellado, cuestiones que corresponden al juicio de fondo. Sin embargo, para permitir que el procedimiento continúe, los antecedentes aportados deben contener, al menos, evidencias serias acerca de la existencia del delito atribuido y de la intervención del querellado. Por ello, este examen requiere necesariamente analizar los elementos de las figuras penales invocadas.

A continuación, la Corte examinó la querella presentada por la Fiscal Regional de Valparaíso contra el exfiscal Rodrigo Durán Fuica. La presentación se sustentó en tres grupos de hechos que, según el Ministerio Público, podían configurar los delitos de asociación criminal, previsto en el artículo 293 del Código Penal; violación de secretos, del artículo 246 del mismo Código; negociación incompatible, contemplado en el artículo 240; y lavado de activos, previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.913.

En cuanto a los hechos relacionados con la utilización de información reservada, la Corte señaló que no existía controversia respecto de que el exfiscal Durán había extraído información de diversas bases de datos de carácter reservado sobre terceros ajenos a procesos penales y que posteriormente entregó esos antecedentes a personas que también eran ajenas a dichas investigaciones, específicamente a su cónyuge.

A juicio del máximo tribunal, estos antecedentes estaban revestidos de la seriedad suficiente para admitir la querella de capítulos respecto del eventual delito de violación de secretos. No obstante, precisó que corresponderá al juicio penal determinar si concurren todos los elementos necesarios para configurar el ilícito previsto en el artículo 246 del Código Penal y establecer si los hechos pueden efectivamente subsumirse en esa figura penal.

Distinta fue la conclusión respecto del delito de asociación criminal del artículo 293 del Código Penal. La Corte estimó que los antecedentes aportados por el Ministerio Público no presentaban la seriedad y gravedad necesarias para justificar la admisibilidad de la querella por ese ilícito.

El fallo explicó que esta figura penal requiere una acción con permanencia en el tiempo que tenga entre sus finalidades la comisión de hechos constitutivos de crímenes. Sin embargo, las imputaciones formuladas contra Durán Fuica se limitaban a señalar que la información que supuestamente entregaba habría generado una ventaja para la imputada frente a otros estudios jurídicos. Para la Corte, de esos antecedentes no se desprendía que los hechos atribuidos al exfiscal fueran constitutivos del delito de asociación criminal.

Una situación similar advirtió el tribunal respecto de los delitos de negociación incompatible, regulado en el artículo 240 del Código Penal, y lavado de activos, contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.913. La Corte calificó las alegaciones relativas a estas figuras como genéricas e insuficientes para atribuir al querellado, en esta etapa procesal, las conductas imputadas. Tampoco estimó acreditado que tales actuaciones hubieran sido realizadas con la intención de alcanzar un objetivo ilícito.