Corte Suprema acoge queja y refuerza carga del banco para acreditar culpa grave en fraudes electrónicos

La Corte Suprema acogió el recurso de queja interpuesto por una empresa en contra de las integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago, por haber dictado con falta o abuso grave la resolución que revocó el fallo del Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes que había rechazado la demanda del Banco Santander por declaración de existencia de dolo o culpa grave del titular o usuario del medio de pago, conforme al artículo 5 de la Ley N°20.009.

La quejosa alegó que las juezas incurrieron en falta o abuso grave al establecer que su conducta configuraba culpa grave, sobre la base de una apreciación parcial de la declaración prestada por su representante legal y trasladando indebidamente a la empresa la carga de acreditar su diligencia, pese a que correspondía al banco demostrar el dolo o culpa grave del usuario.

Argumentó que el representante legal reconoció haber recibido una llamada de una persona que dijo ser ejecutiva del banco, pero negó haber entregado sus claves personales o tarjeta de coordenadas a terceros, por lo que dichos antecedentes no permitían establecer la responsabilidad subjetiva exigida por la Ley N°20.009.

Las juezas recurridas informaron que su decisión se sustentó en las alegaciones y pruebas incorporadas al proceso, considerando que las ocho transacciones cuestionadas fueron autorizadas mediante los mecanismos de seguridad del banco y que la conducta del representante de la empresa, quien permaneció en una llamada sospechosa y no denunció oportunamente el extravío de su tarjeta de coordenadas, configuraba a lo menos culpa grave.

El máximo Tribunal acogió el recurso de queja, al considerar que las juezas incurrieron en una alteración de la regla especial de distribución de la carga probatoria establecida en la Ley N°20.009, al construir la supuesta negligencia de la empresa a partir de una selección parcial de la declaración de su representante y exigirle, en los hechos, acreditar su diligencia.

En particular, la Corte Suprema sostuvo que, tratándose de fraudes en transacciones electrónicas, el banco se encuentra sujeto a un elevado estándar de seguridad y sólo puede liberarse de la obligación de restituir los fondos defraudados si acredita el dolo o culpa grave del usuario.