Reclaman expulsión de colombiano por falta de notificación

Por ello, plantea que Migraciones no puede fundar la expulsión únicamente en la existencia interna del acto administrativo, sino que debe demostrar que la orden fue puesta efectivamente en conocimiento del extranjero y que el plazo para cumplirla comenzó a correr. Si aquello no ocurrió, su incumplimiento no podría serle jurídicamente imputado y la expulsión basada en ese supuesto vulneraría el principio de legalidad.

En apoyo de esta alegación, la acción invoca los artículos 45 y 46 de la Ley N°19.880, que regulan la notificación de los actos administrativos de efectos individuales, además de sus artículos 50 y 51, relativos a su ejecución. Según el reclamante, la notificación es esencial para que una persona pueda conocer los fundamentos de una decisión, cumplir lo ordenado o ejercer oportunamente su derecho de defensa.

La presentación también destaca las circunstancias personales y familiares del afectado. Señala que es ciudadano colombiano, que ingresó regularmente al país con el propósito principal de reunirse con familiares radicados en Chile y que su madre y su hermana cuentan con residencia definitiva.

Estos antecedentes, sostiene, debieron ser considerados de manera concreta al evaluar la expulsión. Para ello invoca el artículo 129 de la Ley N°21.325, que obliga a Migraciones a ponderar, entre otros factores, la gravedad de los hechos, los antecedentes delictuales del extranjero, la reiteración de infracciones migratorias, su período de residencia regular, la existencia de familiares o cónyuge radicados en Chile o de nacionalidad chilena, la existencia de hijos y las obligaciones derivadas de ellos, además de las contribuciones sociales o económicas realizadas durante su permanencia en el país.

La reclamación afirma que no basta con mencionar formalmente esas circunstancias, sino que la autoridad debe explicar cómo fueron ponderadas y qué peso tuvieron en la decisión. En este caso, considera especialmente relevante la presencia de la madre y la hermana del afectado en Chile, ambas con residencia definitiva.

Asimismo, la acción invoca los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, que exigen que los actos administrativos que afecten derechos expresen los hechos y fundamentos jurídicos que justifican la decisión. Tratándose de una expulsión, sostiene que la motivación debe permitir comprender con claridad cuál fue la causal aplicada, qué antecedentes fueron considerados y cómo se evaluaron las circunstancias favorables y desfavorables para el extranjero.

La presentación reitera que la falta de acceso al texto íntegro de la resolución impediría comprobar si esa ponderación se realizó adecuadamente. Por ello, considera indispensable que el Servicio remita tanto el acto completo como el expediente administrativo, sin que esa falta de antecedentes pueda perjudicar al reclamante atendido el breve plazo legal disponible para recurrir ante los tribunales.

La acción vuelve a destacar que el reclamante no ingresó clandestinamente ni eludió el control migratorio. Esta circunstancia sería jurídicamente relevante porque el procedimiento sancionatorio no se sustenta en el artículo 127 N°1, relacionado con el ingreso al país eludiendo los controles correspondientes, sino en el numeral 3, referido exclusivamente al incumplimiento de una orden de abandono.

Finalmente, la reclamación sostiene que la existencia de una facultad legal para decretar una expulsión no convierte esta medida en una consecuencia automática. Migraciones debe justificar que la decisión sea idónea, necesaria y proporcional en relación con las circunstancias concretas del caso.

Esa exigencia sería especialmente intensa debido a que, además de la expulsión, se impuso una prohibición de ingreso a Chile por 20 años. A juicio del reclamante, una restricción de esa extensión requiere una fundamentación particularmente rigurosa, actual e individualizada, que explique tanto las razones jurídicas como los hechos que justifican el plazo y su relación con su situación presente.

Finalmente, la acción sostiene que tampoco sería suficiente invocar de manera genérica objetivos como una migración segura, ordenada y regular, el bienestar común o la protección del orden social. La autoridad, afirma, debe precisar qué afectación concreta produjo la conducta atribuida al extranjero y por qué esa circunstancia justificaría actualmente tanto su expulsión como la prohibición de regresar al país durante dos décadas.

Vea texto reclamación Corte de Santiago Rol Nº1040-2026 y expediente.