Corte de Copiapó descarta nulidad por errores en identificación de muestra de alcoholemia y mantiene condena por conducción en estado de ebriedad

La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de un condenado por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando daños, lesiones menos graves y lesiones leves, y declaró que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó no es nula.

El tribunal oral había condenado al acusado a dos años de presidio menor en su grado medio, al pago de una multa de 10 UTM, a la suspensión de su licencia para conducir vehículos motorizados por cinco años y a la suspensión de cargo u oficio público mientras durara la condena, en calidad de autor, en grado de desarrollo consumado, del delito previsto y sancionado en el artículo 196 del Código Penal, en relación con el artículo 110 de la Ley de Tránsito. Los hechos ocurrieron en la comuna de Chañaral, en diciembre de 2025. La pena privativa de libertad fue sustituida por la de libertad vigilada durante el tiempo de la condena.

La defensa interpuso recurso de nulidad ante la Corte Suprema, invocando principalmente la causal contemplada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, y, de manera subsidiaria, la causal del artículo 373 letra a). Esta última fue declarada inadmisible por el máximo tribunal, por lo que la Corte de Copiapó únicamente debió pronunciarse sobre la causal principal.

La recurrente sostuvo que la sentencia carecía de una exposición clara, lógica y completa de los hechos y de la valoración de la prueba, debido a que el tribunal oral no habría considerado adecuadamente un documento presentado como “prueba sobre prueba” ni las discrepancias existentes en la numeración de las muestras de sangre. A su juicio, tales omisiones vulneraban los principios de razón suficiente y no contradicción.

En particular, cuestionó que el tribunal no se hubiera pronunciado sobre un oficio de 3 de febrero de 2026, presentado de conformidad con el artículo 336 inciso segundo del Código Procesal Penal, ni sobre los errores en la identificación de los frascos de sangre, materias que habían sido planteadas durante la apertura y clausura del juicio. Según la defensa, estas circunstancias restaban certeza jurídica a la decisión.

Asimismo, cuestionó la identificación de la muestra de sangre, debido a una discrepancia entre el acta de atención de urgencia, que asignaba al acusado el frasco N°76, y la declaración del perito, quien indicó que le correspondía el N°75. Para la recurrente, esta contradicción generaba una duda insalvable acerca de la identidad de la muestra y, por consiguiente, sobre quién conducía el vehículo en estado de ebriedad.

La defensa agregó que el tribunal había desestimado prueba de descargo y omitido pronunciarse sobre sus alegaciones, infringiendo el principio de razón suficiente y afectando la certeza jurídica de la sentencia.