Suprema confirma que límite de 30 años para tanques de combustibles enterrados se aplica también a instalaciones anteriores a 2020

Asimismo, constató que la SEC se encontraba facultada por el artículo 3 N°34 de la Ley N°18.410 para aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento debe fiscalizar, y destacó que el pronunciamiento se había emitido a solicitud de la propia empresa reclamante y fuera de un procedimiento sancionatorio.

La Corte descartó además una falta de fundamentación, señalando que el oficio exponía las razones de la interpretación adoptada. Precisó que no debe confundirse la disconformidad con los fundamentos de una decisión con la ausencia de estos.

Respecto de la retroactividad, sostuvo que el Decreto Supremo N°34/2019 incorporó expresamente la regla máxima de antigüedad de treinta años, que la Superintendencia ya había aplicado en 1996 como parte del régimen de seguridad de las instalaciones de combustibles líquidos. Por ello, concluyó que la modificación no creó una nueva obligación, sino que formalizó un requisito técnico de seguridad conocido por la industria y que genera efectos inmediatos desde la entrada en vigor del reglamento.

También rechazó la alegación relativa a la confianza legítima, al estimar que no había existido una variación en el criterio institucional de la SEC ni una innovación normativa que permitiera configurar una expectativa protegible. Agregó que la reclamante no identificó un acto administrativo que le hubiera conferido un derecho adquirido para operar indefinidamente tanques con más de treinta años de antigüedad.

Por estas razones, la Corte de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad, decisión que posteriormente fue confirmada por la Corte Suprema.

El máximo tribunal centró su análisis en la regulación contenida en los artículos 307, 308 y 309 del Decreto Supremo N°160/2008. Explicó que el artículo 308 se refiere a materias de diseño y construcción de las instalaciones existentes al entrar en vigor del reglamento, mientras que el artículo 309 dispone que su operación, inspección, mantenimiento y término definitivo deben regirse íntegramente por este.

A partir de esa distinción, la Corte Suprema concluyó que el artículo 111, ubicado dentro de la regulación sobre tanques temporalmente fuera de servicio, cierre, extracción y reutilización, tiene una naturaleza inequívocamente operacional y no corresponde a una norma sobre diseño o construcción.

En consecuencia, determinó que el límite de treinta años contados desde la fecha de fabricación constituye una condición operacional de seguridad que tiene efectos inmediatos desde el 27 de marzo de 2020 y se aplica a todos los tanques enterrados que almacenen combustible líquido.

La Corte añadió que aceptar la interpretación propuesta por la reclamante conduciría a que un tanque más nuevo tuviera una vida útil más corta que uno más antiguo únicamente por la fecha de entrada en vigor de la normativa y no por razones técnicas, lo que pondría en riesgo el objetivo del reglamento de que las actividades se desarrollen de manera segura y sin constituir peligro para las personas o cosas.

Finalmente, consideró que esta interpretación era concordante con el Oficio Ordinario SEC N°151.429, de 16 de diciembre de 2022, que fijó un criterio respecto de la aplicabilidad del artículo 111 y extendió su exigibilidad a todos los tanques existentes a la fecha de entrada en vigor de la modificación reglamentaria.

Por estas consideraciones, la Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°4.809-2026 y Corte de Santiago Rol N°853-2025 (Contencioso Administrativo).