Amparo no puede sustituir la apelación para discutir la prescripción de delitos, resuelve la Corte de Punta Arenas

Explicó que calculó la prescripción desde el último de los hechos imputados, siguiendo doctrina y jurisprudencia sobre la interrupción del plazo cuando existen varios delitos en un mismo proceso. Respecto de las falsificaciones y la prevaricación, aplicó las reglas correspondientes a las penas contempladas en abstracto por la ley y sostuvo que las alegaciones sobre atenuantes y la pena aplicable al imputado debían discutirse en el juicio. Añadió que su resolución estaba debidamente fundamentada y que sí fue apelada por el Ministerio Público y la parte querellante.

La Corte recordó que el amparo protege la libertad personal y la seguridad individual y que su procedencia contra resoluciones judiciales es excepcional. En este caso, concluyó que el amparo no podía utilizarse para revisar una decisión que admitía recurso de apelación, vía que la defensa no ejerció oportunamente. El hecho de que el Ministerio Público y la parte querellante sí hubieran apelado la misma resolución confirmó que existía un recurso ordinario para discutir las cuestiones planteadas.

La Corte estimó que la resolución fue dictada por un tribunal competente, dentro de sus atribuciones y con fundamentos suficientes, sin advertir ilegalidad. Añadió que las controversias sobre el cómputo e interrupción de la prescripción, las penas aplicables y la incidencia de eventuales atenuantes eran cuestiones de fondo que debían discutirse mediante los recursos ordinarios, por lo que el amparo no podía utilizarse para sustituir esas vías ni como una nueva instancia de revisión.

La Corte descartó que la discrepancia de la defensa con la interpretación jurídica del juez bastara para considerar la resolución ilegal o arbitraria, pues esta se encontraba debidamente fundamentada. También rechazó la supuesta contradicción interna denunciada, al estimar que los razonamientos cuestionados abordaban situaciones distintas.

Además, consideró que el imputado se encontraba en libertad y sin órdenes de detención ni medidas cautelares personales, por lo que la sola existencia del proceso penal y la posibilidad de una futura condena no constituían una amenaza actual e ilegítima a su libertad. Por ello, rechazó el amparo y mantuvo la decisión que negó declarar prescritos los doce delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público y el delito de prevaricación.

El rechazo del amparo no resolvió definitivamente si los delitos estaban prescritos, sino que estableció que esa discusión debía plantearse mediante los recursos ordinarios y no por esta acción constitucional. En consecuencia, la persecución penal por esos delitos continúa vigente y no se decretó el sobreseimiento definitivo, permaneciendo el imputado en libertad y sin medidas cautelares personales.

Vea sentencia Corte de Punta Arenas Rol Nº187-2026.