Corte de San Miguel anula absolución y ordena nuevo juicio por falta de valoración de la prueba

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia que absolvió a un acusado de tráfico de drogas, receptación, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones, al estimar que el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante no realizó una adecuada valoración de la prueba.

El acusado había sido llevado a juicio como autor de los delitos de tráfico ilícito de drogas, receptación, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones, hechos que, según la acusación, habrían ocurrido el 26 de abril de 2025, en la comuna de El Monte. El tribunal oral eximió además al Ministerio Público del pago de las costas, al considerar que tuvo motivos plausibles para litigar.

El ente persecutor interpuso recurso de nulidad invocando, en primer término, la causal prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal. En subsidio, alegó la causal establecida en el artículo 374 letra g) y, también de manera subsidiaria, la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal.

La Fiscalía sostuvo que la sentencia absolutoria carecía de una exposición clara, lógica y completa de la valoración de la prueba rendida durante el juicio, tanto de cargo como de descargo. Afirmó que el tribunal tampoco cumplió con el deber establecido en el artículo 297 del Código Procesal Penal, que exige hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso aquella que sea desestimada, explicando las razones para ello.

Al revisar el fallo recurrido, la Corte constató que el tribunal oral había reseñado la prueba presentada por la Fiscalía y la defensa; que estableció como hecho acreditado que el 26 de abril de 2025, aproximadamente a las 17:00 horas, funcionarios policiales ingresaron al domicilio del acusado y que en ese lugar encontraron en el dormitorio dos frascos y ocho cajas que contenían 4 kilos 320 gramos de marihuana, además de una pesa digital y un frigobar; además, que en un mueble de la misma habitación hallaron un arma de fuego tipo revólver, marca Pasper, calibre .22 corto, con tres municiones en su interior, mientras que en un clóset encontraron cuatro toallas.

Sin embargo, el tribunal oral concluyó que la prueba de cargo había sido obtenida vulnerando garantías constitucionales. Para ello cuestionó el ingreso y registro del domicilio y las actuaciones desarrolladas por los funcionarios policiales, estimando que la incautación de las especies se había realizado en un caso no autorizado por la ley.

A partir de esa conclusión, consideró ilícita no solo la droga, el revólver y las municiones, sino también la evidencia derivada de esos hallazgos, entre ella las declaraciones de los funcionarios policiales, los peritajes químicos, las pruebas de campo, el peritaje armero y los demás documentos incorporados al juicio.