Corte acoge amparo y ordena a Migraciones reabrir solicitud de residencia

El Servicio sostuvo que el pago de la multa había sido efectuado el 16 de diciembre de 2024, fuera del plazo concedido, por lo que la autoridad habría actuado conforme a derecho. Citó los artículos 157 N°5 y 88 N°1 de la Ley N°21.325, que facultan al Servicio y establecen el rechazo de la solicitud cuando no se cumplen los requisitos correspondientes.

Añadió que la orden de abandono constituye una consecuencia legal del rechazo, aunque se diferencia de una expulsión compulsiva por ser de cumplimiento voluntario para el afectado. Finalmente, sostuvo que la vía adecuada para hacer valer el pago extemporáneo era el recurso extraordinario de revisión en sede administrativa, por tratarse de un documento esencial, y que no existía una vulneración actual de garantías fundamentales.

Al resolver, la Corte recordó que la acción de amparo constituye un mecanismo de tutela urgente de la libertad personal y seguridad individual, frente a privaciones, perturbaciones o amenazas ilegales a esos derechos.

El tribunal precisó que en este caso se impugnaba la resolución de 17 de diciembre de 2024 de Migraciones, por la cual se rechazó la solicitud de residencia y se ordenó el abandono del país, cuestionándose que la autoridad no hubiera considerado el pago de la multa realizado con anterioridad a la dictación del acto.

En cuanto a la situación del amparado, la Corte estableció que los antecedentes daban cuenta de su permanencia continuada en Chile, al menos desde el vencimiento de su visa en 2019, y de la tramitación de su solicitud de residencia desde mayo de 2021. También tuvo por acreditado su vínculo matrimonial, inscrito ante el Servicio de Registro Civil e Identificación en 2019.

El elemento determinante para el tribunal fue que el 16 de diciembre de 2024, un día antes de la resolución impugnada, el amparado pagó ante la Tesorería General de la República la multa correspondiente a su permanencia irregular, cumpliendo así con la sanción pecuniaria antes de que Migraciones emitiera el acto administrativo terminal.

La Corte recordó que el artículo 19 N°3 de la Constitución, en relación con los artículos 3 inciso tercero y 13 inciso tercero de la Ley N°21.325, garantiza a quienes solicitan un permiso de residencia la aplicación de un procedimiento racional y justo. Este estándar exige que la Administración considere la realidad fáctica y los antecedentes efectivamente cumplidos por el administrado antes de adoptar una medida gravosa.

En ese contexto, concluyó que, habiéndose acreditado el pago de la sanción antes de la dictación de la resolución, la decisión de rechazar la solicitud y ordenar el abandono del país carecía de proporcionalidad y razonabilidad, por lo que el acto debía considerarse ilegal.

Asimismo, determinó que dicha actuación generaba una amenaza directa a la libertad ambulatoria y seguridad individual del amparado, garantías protegidas por el artículo 21 de la Constitución.

En consecuencia, la Corte acogió el amparo, sin costas, dejó sin efecto la resolución de 17 de diciembre de 2024 dictada por el Servicio Nacional de Migraciones y ordenó reabrir el procedimiento administrativo de la solicitud de residencia, teniendo por acreditado el pago de la sanción pecuniaria y disponiendo que la autoridad se pronuncie nuevamente sobre el fondo de la solicitud conforme a derecho.

Vea sentencia Corte de Valparaíso Rol N°4088-2026 (Amparo).