Corte Suprema ratifica excepción que impide cobro ejecutivo de caución de funcionario de la Armada

La falta de acreditación de esa condición impedía considerar exigible la obligación y, por consiguiente, que el título reuniera los requisitos necesarios para tener mérito ejecutivo. De esta manera, la Corte descartó la infracción denunciada respecto del artículo 464 N°7 del Código de Procedimiento Civil.

El máximo tribunal también rechazó las alegaciones relativas a los artículos 1473, 1478 inciso segundo, 1483 y 1484 del Código Civil. Explicó que los jueces no desconocieron la condición de la que dependía la exigibilidad de la cláusula penal, sino que determinaron que esta no se había cumplido.

A ello agregó que el recurso tampoco explicaba de manera circunstanciada cómo se habrían configurado los errores de derecho denunciados respecto de esas disposiciones, incumpliendo las exigencias del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, circunstancia que impedía que ese capítulo de nulidad prosperara.

Por las mismas razones, la Corte desestimó las alegaciones referidas a los artículos 157, 161, 163, 164, 245 y 249 del DFL N°1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Precisó que la sentencia impugnada no desconoció la existencia de la caución ni los presupuestos que permitirían hacerla exigible.

Asimismo, señaló que el recurrente se había limitado a exponer el contenido de esas disposiciones para luego afirmar que la decisión de acoger la excepción implicaba su vulneración, sin explicar de qué manera se habría producido la infracción exigida para que el recurso de casación pudiera prosperar.

Respecto de la alegada infracción del artículo 58 de la Ley N°18.948, Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, la Corte sostuvo que el argumento planteado en el recurso constituía una nueva línea de defensa que no había sido formulada oportunamente en el proceso.

Dicha norma establece que la renuncia al empleo, una vez aceptada por la autoridad correspondiente, será considerada como causal de retiro temporal. Sin embargo, al evacuar el traslado de la excepción, el recurrente se había limitado a sostener que el título ejecutivo era suficiente y que el Decreto Exento había concedido el retiro del funcionario, por lo que debía entenderse cumplida la condición de la cláusula penal.

En esa oportunidad, no había cuestionado que el decreto se refiriera expresamente a un retiro temporal ni había señalado que este tuviera carácter voluntario. Tampoco había sostenido que las renuncias debieran entenderse necesariamente como una modalidad de retiro temporal.

La Corte destacó que esta omisión era especialmente relevante porque las condiciones deben interpretarse literalmente, según el propio planteamiento efectuado por el recurrente en su recurso. Además, tampoco intentó subsanar esta deficiencia al apelar, pese a que la sentencia de primera instancia había destacado precisamente la falta de correspondencia entre las causales de término contempladas en la escritura pública y aquella consignada en el acto administrativo.

El máximo tribunal recordó que no es posible fundar una infracción de derecho en argumentos que exceden los términos en que quedó fijada la controversia. Tampoco pueden denunciarse infracciones legales atribuyendo a las normas un alcance que no fue planteado durante el juicio, pues ello impediría analizar la eventual vulneración sobre la base de argumentos que no fueron sometidos oportunamente al conocimiento del tribunal y afectaría el principio de bilateralidad de la audiencia.

Finalmente, la Corte Suprema concluyó que los jueces habían aplicado correctamente las normas que regulan la excepción opuesta y que habían considerado las alegaciones formuladas oportunamente por las partes. Al no advertir los errores de derecho denunciados, rechazó el recurso de casación y mantuvo la decisión que había acogido la excepción de falta de fuerza ejecutiva del título, impidiendo el cobro ejecutivo de la caución en los términos pretendidos.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°23.478-2025, Corte de Santiago Rol N°Civil-8848-2022 (acumulada Civil-17878-2022) y del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago Rol Nº 4871-2021.