Corte de Santiago ordena reincorporar a funcionario a contrata desvinculado por reestructuración que no suprimió sus funciones

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto por un profesional a contrata en contra de la Subsecretaría de Educación Superior, al estimar que el término anticipado de su designación carecía de fundamentos concretos en contravención a la igualdad ante la ley. En consecuencia, dejó sin efecto la Resolución Exenta de 31 de marzo de 2026 que puso término a su contrata, ordenó su reincorporación inmediata, junto con el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y demás estipendios correspondientes al período en que permaneció separado de sus funciones.

El recurrente se desempeñaba desde octubre de 2024 como analista de la Unidad de Tecnología y Gestión de Datos, con una contrata prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026 bajo la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”. Alegó que su término anticipado se fundó en una reorganización que no suprimía cargos y mantenía funciones similares en una nueva unidad, sin explicar por qué debía ser desvinculado ni por qué no podía ser destinado a ella. Denunció la vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, y solicitó su reincorporación y el pago de los emolumentos correspondientes.

La Subsecretaría solicitó rechazar el recurso, sosteniendo que el carácter transitorio de la contrata y la cláusula de necesidad de los servicios permitían su término anticipado. Explicó que la decisión obedeció a la supresión de la unidad, la redistribución de sus funciones y razones de austeridad, y no al desempeño del recurrente. Añadió que las tareas subsistentes fueron absorbidas mediante nuevas metodologías o asignadas a otras unidades, negó la existencia de derechos adquiridos o confianza legítima y descartó una vulneración del derecho de propiedad. También sostuvo que el recurso de protección no era la vía idónea para revisar la reorganización administrativa ni declarar derechos controvertidos.

Al resolver la controversia, la Corte recordó la naturaleza cautelar del recurso de protección y descartó la alegación de improcedencia formulada por la autoridad. Explicó que la existencia de otras vías contencioso-administrativas no impedía ejercer esta acción constitucional y que el recurrente mantenía una designación vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ello, determinar si el acto administrativo expresaba adecuadamente los hechos que sustentaban la decisión constituía un control de legalidad que podía efectuarse en esta sede.

El tribunal reconoció que la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” permite a la Administración poner término anticipado a una contrata, pero precisó que para ejercer esa facultad debe expresar las razones por las cuales las prestaciones del funcionario han dejado de ser necesarias. En consecuencia, descartó que fuera indispensable invalidar el nombramiento o su prórroga y que el artículo 61 de la Ley N°19.880 impidiera poner término anticipado a la designación.

La Corte distinguió esta situación de aquella en que la autoridad decide no renovar una contrata una vez concluido el período para el cual fue otorgada. Precisó que el término anticipado de una designación vigente exige un examen más riguroso y debe encontrarse sustentado en motivos legales y en hechos objetivos debidamente acreditados.

Por esa razón, consideró ajena al caso la discusión relativa a la confianza legítima, pues la obligación de fundamentar la desvinculación no dependía de la antigüedad del funcionario, sino de que la autoridad estaba poniendo término anticipado a una designación que aún se encontraba vigente.

Conforme a los artículos 11, inciso segundo, y 41, inciso cuarto, de la Ley N°19.880, el fallo señaló que los fundamentos de la decisión debían constar en el propio acto administrativo. Citando la jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N°26.112-2023), indicó que una reestructuración administrativa puede constituir una causa objetiva para poner término a una contrata, siempre que la Administración acredite concretamente de qué manera esa modificación hace innecesarios los servicios del funcionario afectado.

Al analizar la resolución cuestionada, la Corte observó que las referencias a razones de austeridad no individualizaban instrucciones específicas del Ministerio de Hacienda, tampoco indicaban el ahorro que generaría la desvinculación ni explicaban por qué el ajuste presupuestario debía recaer precisamente en el cargo desempeñado por el recurrente.