Cierre de cuentas bancarias vinculado a incumplimiento de mutuo hipotecario debe discutirse en un juicio de lato conocimiento, resuelve Corte Suprema

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco que había acogido un recurso de protección interpuesto por una académica e investigadora de la Universidad de La Frontera en contra de Banco Santander Chile y, en su lugar, rechazó la acción constitucional. El máximo tribunal concluyó que el conflicto exige determinar el cumplimiento de obligaciones derivadas de un mutuo hipotecario y establecer los efectos del incumplimiento atribuido a uno de los codeudores, materias que requieren un procedimiento de lato conocimiento y que no pueden resolverse mediante una acción cautelar de urgencia.

La recurrente, clienta del banco desde hacía más de 35 años y con un historial financiero que calificó de intachable, cuestionó el cierre unilateral de sus dos cuentas corrientes y de todos los productos asociados, medida que también afectó el pago de un crédito hipotecario que había contratado junto a otro deudor. Alegó que el bloqueo de las cuentas interrumpió el pago automático de las cuotas del mutuo, que la entidad posteriormente se negó a recibirlas de forma manual y que terminó acelerando la deuda e iniciando un juicio ejecutivo, actuaciones que, a su juicio, vulneraron sus derechos de propiedad, igualdad ante la ley, integridad psíquica y libertad para desarrollar actividades económicas.

Explicó que el mutuo hipotecario había sido suscrito el 11 de diciembre de 2000 para adquirir un inmueble en Santiago, pactándose su pago en 240 cuotas mediante descuento automático mensual, mecanismo que se mantuvo sin morosidad durante 16 años. Al momento del cierre, una de sus cuentas corrientes mantenía $4.585.611, mientras que una segunda, abierta en 2019 exclusivamente para administrar recursos públicos correspondientes a proyectos FONDECYT, registraba $22.405.784. Además, mantenía fondos mutuos por $182.304.657, que debió rescatar de urgencia mediante un vale vista.

Señaló que el 26 de agosto de 2025 sus tarjetas dejaron de funcionar sin aviso y que, dos días después, sus cuentas fueron completamente bloqueadas. Tras realizar diversas gestiones sin obtener inicialmente una explicación concreta, el 30 de agosto recibió en su domicilio una carta sin firma ni despacho certificado, fechada el 30 de mayo de 2025, en la que se le comunicaba que sus productos serían cerrados en 15 días por “obligaciones impagas que actualmente mantiene con Banco Santander”. La recurrente aseguró que no tenía deudas ni se encontraba en mora.

Añadió que, al quedar interrumpido el pago automático del crédito hipotecario, intentó continuar pagando las cuotas manualmente, pero el banco se negó a recibirlas. El cierre también dificultó la administración y rendición de recursos públicos ante la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), obligándola, según relató, a retirar $26.991.395 en efectivo fuera de horario bancario y depositarlos temporalmente en la cuenta de un tercero. Asimismo, afectó el depósito de sus remuneraciones como investigadora de la Universidad de La Frontera. Finalmente, indicó que el 10 de septiembre de 2025 un ejecutivo de recuperaciones del banco le informó por WhatsApp que la entidad continuaría con el cobro ejecutivo acelerado del mutuo hipotecario.

Banco Santander solicitó el rechazo del recurso, argumentando que el contrato de mutuo hipotecario celebrado en 2000 contemplaba expresamente una cláusula de vencimiento anticipado para el caso de que cualquiera de los deudores dejara de pagar una obligación de dinero frente a cualquier acreedor. Explicó que el codeudor había suscrito un pagaré en 2001 que quedó impago, por lo que fue demandado ejecutivamente por la entidad, procedimiento en el que se dictó una sentencia condenatoria que quedó firme y ejecutoriada el 4 de abril de 2025.

A partir de ese incumplimiento, el banco sostuvo que quedó facultado para exigir anticipadamente la totalidad de la deuda hipotecaria y que ejerció esa facultad mediante una demanda ejecutiva presentada el 19 de mayo de 2025. Precisó que la aceleración del crédito no tuvo su origen en el impago de las cuotas de julio y agosto de 2025, sino en la deuda morosa del codeudor. Asimismo, invocó el artículo 1591 del Código Civil para justificar su negativa a recibir pagos parciales de la obligación.

En cuanto al cierre de las cuentas corrientes, la entidad afirmó que podía poner término anticipado a esos contratos por pérdida de confianza, atendida su naturaleza intuito personae. Para ello invocó el artículo 1 del DFL N°707 de 1982, el artículo 2163 N°4 del Código Civil y la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero. Finalmente, alegó que la recurrente no tenía un derecho indubitado susceptible de ser amparado mediante un recurso de protección, pues el conflicto involucraba una controversia contractual que debía ser resuelta en un procedimiento distinto.

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió por unanimidad el recurso de protección, tras establecer que la recurrente se encontraba al día en sus obligaciones al momento del cierre de sus productos financieros y que la deuda invocada por Banco Santander correspondía exclusivamente al codeudor. El tribunal advirtió que, pese a ello, el banco justificó la medida señalando en su carta que la afectada mantenía “obligaciones impagas”, explicación que calificó de vaga, imprecisa e inexacta, pues le atribuía una morosidad inexistente.