Corte ordena a Contraloría pronunciarse sobre cumplimiento de decisión que favoreció a coronel en retiro del Ejército

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente el recurso de protección presentado por un coronel en retiro del Ejército contra esa institución y la Contraloría General de la República. El tribunal concluyó que la Contraloría actuó ilegalmente al negarse a resolver las solicitudes destinadas a obtener el cumplimiento de una decisión anterior, por considerar que la materia se había vuelto litigiosa.

El recurrente sirvió 28 años en el Ejército y, tras retirarse en 2003, continuó trabajando como asesor mediante contratos renovados anualmente hasta 2021. Ese año, el Ejército decidió no renovar su contrato para 2022, invocando una reestructuración institucional y su condición de pensionado. En 2023, la Contraloría consideró que la decisión no se ajustaba a derecho y ordenó revisar su legalidad, reincorporarlo durante 2022, renovar su contrato para 2023 y pagarle las remuneraciones correspondientes al período en que estuvo separado de sus funciones.

Como el Ejército no cumplió esas instrucciones, el funcionario presentó siete solicitudes ante la Contraloría entre 2023 y 2025 para exigir su cumplimiento. Sin embargo, el organismo se negó a resolverlas porque estimó que la materia había pasado a ser objeto de controversias judiciales.

El Ejército pidió rechazar el recurso. Afirmó que había cumplido las instrucciones relacionadas con el término anticipado del contrato ocurrido en 2021, pues reincorporó al funcionario durante ese año y le pagó $4.383.726 por el período en que estuvo separado. También sostuvo que la no renovación para 2022 respondió a una reorganización que contemplaba que las funciones de asesoría fueran asumidas por oficiales en servicio activo. Añadió que había vencido el plazo legal para revisar la decisión y que el recurrente pretendía obtener remuneraciones por años que no estaban contemplados en el pronunciamiento original.

La Contraloría, por su parte, sostuvo que no había dejado sin efecto su decisión anterior, sino que se había abstenido de resolver nuevamente sobre el asunto. Explicó que existían diferencias entre su criterio y el de la Corte Suprema respecto del tiempo de renovación de los contratos necesario para reconocer la confianza legítima de los funcionarios. Debido a las numerosas causas judiciales pendientes sobre esta materia, consideró que no correspondía emitir nuevos pronunciamientos.