Proponen que las deudas del CAE prescriban en cinco años, tanto si las cobran bancos como el Estado

El proyecto de reforma constitucional presentado por los diputados José Antonio Rivas (A), Bernardo Salinas, Valentín Cáceres, Jaime Bassa, Andrés Macías, Carolina Cucumides, Patricio Pinilla y Carlos Carvajal propone establecer un plazo de prescripción de cinco años para las acciones de cobro de las cuotas del Crédito con Aval del Estado (CAE), regulado por la Ley N°20.027. La iniciativa busca poner fin al carácter imprescriptible de estas obligaciones, independientemente de que el acreedor sea una institución financiera o el Fisco, y permitir que los deudores aleguen la prescripción tanto ante los tribunales como ante el organismo administrativo encargado de la cobranza.

En sus fundamentos, los autores recuerdan que la Ley N°20.027 creó el CAE como un mecanismo de financiamiento de estudios superiores mediante créditos otorgados por instituciones financieras privadas, cuyo pago es garantizado por el Estado. En caso de incumplimiento, el Fisco puede asumir la cobranza a través de la Tesorería General de la República.

Los préstamos se pactan en cuotas expresadas en unidades de fomento, con una tasa de interés anual del 2% más reajustes y plazos de pago que fluctúan entre 60 y 240 meses, dependiendo de la carrera y del monto solicitado.

Según los antecedentes citados en la moción, entre 2006 y 2017 el sistema benefició a 874.293 personas, de las cuales 296.345 egresaron y 179.549 abandonaron sus estudios. Una proporción importante de los beneficiarios pertenecía a sectores de menores ingresos y el 85% provenía de establecimientos municipales o particulares subvencionados.

La normativa vigente establece que las cuotas impagas del CAE no prescriben, incluso cuando el Estado adquiere los créditos mediante la ejecución de la garantía estatal, la compra de cartera bancaria o el pago de cuotas suspendidas por cesantía. Los parlamentarios cuestionan que estos mecanismos permitan mantener indefinidamente las acciones de cobro, especialmente respecto de personas que enfrentan dificultades económicas.

La Tesorería puede exigir el pago mediante procedimientos como la retención de devoluciones de impuestos, a lo que se suman intereses penales y gastos de cobranza. De acuerdo con las cifras recogidas en la iniciativa, en 2019 la deuda acumulada del sistema alcanzaba los 6,5 billones de pesos, de los cuales 1,54 billones correspondían a obligaciones en mora. Entre 2006 y 2019, los desembolsos fiscales asociados al CAE sumaron 4,57 billones de pesos, principalmente por compra de cartera y recargos pagados a las instituciones financieras.

A diciembre de 2021, el 48,4% de los 752.000 deudores en etapa de pago registraba atrasos de tres o más cuotas, mientras que respecto de 266.000 personas ya se había ejecutado la garantía estatal. La morosidad, que disminuyó entre 2012 y 2015, volvió a aumentar en los años siguientes, afectando especialmente a los sectores de menores ingresos y a quienes abandonaron sus estudios. Según los antecedentes de la Comisión Ingresa citados en la moción, esta evolución también estaría relacionada con modificaciones al funcionamiento del sistema y no únicamente con el comportamiento individual de los deudores.

En materia jurisprudencial, los autores destacan que la Corte Suprema ha interpretado restrictivamente la imprescriptibilidad del CAE, estableciendo que este beneficio excepcional solo favorece al Fisco cuando es titular del crédito o se ha hecho efectiva la garantía estatal. En cambio, cuando una institución financiera ejerce la acción de cobro en nombre propio, se aplica el plazo de prescripción de un año previsto en el artículo 98 de la Ley N°18.092. Además, corresponde al demandante acreditar que concurren las condiciones para aplicar el régimen excepcional.

A juicio de los parlamentarios, esta interpretación evidencia una contradicción entre el texto de la Ley N°20.027, que declara imprescriptibles las cuotas impagas sin distinguir quién es el acreedor, y el alcance más limitado que le ha reconocido la jurisprudencia.

La moción también recuerda que existen otras iniciativas destinadas a modificar el financiamiento de la educación superior, entre ellas propuestas que contemplan la condonación de deudas después de quince años, contribuciones de los egresados durante un período de veinte años y mejoras en las condiciones de cobranza y pago según la capacidad económica del deudor. Sin embargo, estas últimas no modifican el régimen de prescripción. Asimismo, menciona un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional contra la disposición que establece la imprescriptibilidad del CAE.

Los autores sostienen que esta regla constituye una excepción injustificada frente al tratamiento de otras obligaciones. Como ejemplo, señalan que las deudas tributarias están sujetas a plazos de prescripción de tres o seis años; las obligaciones civiles y comerciales, a los plazos generales del Código Civil; y las acciones cambiarias derivadas de pagarés, a un plazo de un año.

En ese contexto, cuestionan que el Estado utilice los mecanismos de cobranza establecidos en el Código Tributario para recuperar las deudas del CAE, pero sin someterse a los límites temporales que ese mismo cuerpo legal contempla.

También consideran injustificado que un crédito que podía prescribir mientras pertenecía a un banco se transforme en imprescriptible por el solo hecho de pasar a manos del Fisco. A su juicio, esta situación contradice las reglas de subrogación y cesión de créditos del Código Civil, conforme a las cuales el cambio de acreedor no debería agravar las obligaciones del deudor.

Los parlamentarios advierten que este régimen contribuye a mantener el valor de las carteras adquiridas por el Estado y permite prolongar indefinidamente la cobranza, incluso como consecuencia de operaciones en las que el deudor no participa y que, en muchos casos, desconoce.

Agregan que la prescripción no constituye un premio al incumplimiento, sino un mecanismo destinado a sancionar la inactividad del acreedor, otorgar certeza jurídica y proteger el derecho a defensa. De esta manera, se evita que las demoras en la cobranza terminen perjudicando indefinidamente al obligado.