Suprema mantiene indemnización de $90 millones a víctima de torturas y de $20 millones a su hija por daño por repercusión

A partir de los antecedentes documentales y testimoniales, el tribunal tuvo por acreditado el daño moral de ambos demandantes. En particular, consideró los informes psicológicos que daban cuenta de síntomas depresivos graves vinculados con las torturas sufridas por el padre y con sus repercusiones en la hija.

En consecuencia, acogió la demanda y condenó al Fisco a pagar $60 millones a la víctima directa y $20 millones a su hija, con reajustes desde la sentencia e intereses desde que quedara ejecutoriada, disponiendo que cada parte soportara sus costas.

El Consejo de Defensa del Estado apeló para obtener el rechazo de la demanda, mientras que los actores adhirieron al recurso solicitando el aumento de las indemnizaciones y la modificación de los reajustes, intereses y costas.

La Corte de Antofagasta mantuvo el rechazo de las defensas fiscales y destacó que las graves violaciones a los derechos humanos pueden producir efectos intergeneracionales que deben ser considerados al determinar una reparación integral.

En cuanto a los montos, estimó que las torturas acreditadas, incluido el simulacro de ejecución, y sus graves consecuencias en la vida posterior del afectado justificaban elevar su indemnización a $90 millones. Respecto de la hija, consideró que los $20 millones concedidos eran acordes con su afectación y mantuvo esa suma.

Contra esa decisión, el Fisco interpuso recurso de casación en el fondo. Cuestionó la legitimación de la hija por no encontrarse reconocida en los informes Valech, denunció infracciones a las leyes reguladoras de la prueba respecto de su daño moral y reiteró que su acción estaba prescrita.

La Corte Suprema descartó el primer reproche y explicó que la demandante solicitaba la reparación de un daño propio, producido por repercusión de los hechos padecidos directamente por su padre. Señaló que las consecuencias de una vulneración de derechos humanos pueden extenderse al núcleo familiar y que esa pretensión personal no dependía de una calificación estatal como víctima de prisión política y tortura.

Añadió que las decisiones estatales de reparación vinculadas con la justicia transicional no podían erigirse en una restricción al acceso a la justicia. En cuanto a la prueba, sostuvo que el informe psicológico había sido considerado junto con testimonios y otros documentos, y que el recurso expresaba un desacuerdo con su ponderación, sin demostrar una infracción de las leyes reguladoras de la prueba.

Sobre la prescripción, el máximo tribunal reiteró que las normas civiles internas no resultaban aplicables a estas acciones, por contraponerse al deber de reparación íntegra establecido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protege tanto a las víctimas como a sus familiares.

Por estas razones, rechazó el recurso de casación en el fondo y mantuvo las indemnizaciones. La decisión se adoptó luego de desestimarse la propuesta de dos integrantes de invalidar de oficio la sentencia de segunda instancia, por considerar que carecía de fundamentos suficientes para justificar el aumento de $60 millones a $90 millones concedido a la víctima directa.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº43.581-2024, Corte de Antofagasta Rol Nº193-2024 (Civil) y Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta Rol C-1868-2022.