Proyecto de ley busca obligar a reemplazar vehículos nuevos con fallas o devolver el dinero a los compradores

El monto correspondería al 0,05% del precio total pagado por el automóvil por cada día de privación de uso. Su cálculo comenzaría desde que el consumidor solicite la compensación al proveedor, sin afectar el ejercicio de los demás derechos reconocidos por la legislación.

La iniciativa también busca facilitar la acreditación de los defectos mediante una presunción legal. De acuerdo con esta regla, las fallas que se manifiesten durante la vigencia de la garantía legal o voluntaria se presumirán originadas en defectos de fabricación, salvo que se demuestre lo contrario.

Esta presunción no se aplicaría cuando los problemas deriven de accidentes de tránsito u otros siniestros ajenos a la conducción del vehículo.

Asimismo, la iniciativa establece la responsabilidad solidaria del proveedor, importador y fabricante respecto de las obligaciones contempladas en el régimen especial. Con ello, se pretende evitar que los consumidores deban enfrentar dificultades para determinar cuál de las empresas involucradas debe responder por las fallas.

En materia de reparaciones, la propuesta incorpora mayores exigencias de transparencia. Los proveedores deberán informar periódicamente al consumidor sobre el estado del diagnóstico, los avances de los trabajos, la disponibilidad de repuestos y los plazos estimados para la entrega del vehículo.

También se contempla la obligación de utilizar piezas del fabricante original o componentes previamente homologados, con el fin de asegurar condiciones adecuadas en las reparaciones.

En caso de detectarse fallas reiteradas que comprometan la seguridad o el funcionamiento esencial de un determinado modelo, la iniciativa dispone que se deberá informar al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y a los consumidores afectados.

El proyecto regula, además, los trámites asociados al reemplazo de un automóvil defectuoso. En estos casos, el proveedor deberá asumir los costos de inscripción del nuevo vehículo, incluida la instalación de su placa patente, y gestionar la eliminación del comprador como titular del automóvil devuelto en el Registro de Vehículos Motorizados.

La finalidad de esta disposición es impedir que el consumidor deba asumir gastos adicionales o enfrentar eventuales consecuencias legales relacionadas con un vehículo que ya restituyó.

Finalmente, la moción establece que las nuevas disposiciones se aplicarán de manera complementaria a las reglas generales de la Ley del Consumidor. Así, las materias que no estén expresamente reguladas por el régimen especial quedarán sujetas, de forma subsidiaria, a las normas sobre garantía legal y a los demás derechos y obligaciones previstos en esa legislación.

Con estas modificaciones, los parlamentarios buscan equilibrar la relación entre compradores y empresas del sector automotriz, facilitar las soluciones frente a defectos de fabricación y entregar mayor certeza jurídica a quienes destinan una parte importante de sus recursos a la adquisición de un vehículo nuevo.

Vea texto mociónBoletín N°18641-03 y siga su tramitación aquí.