Juristas advierten que el acoso judicial amenaza la libertad de expresión en América Latina

La jurista y exrelatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, sostuvo que una parte importante de las amenazas actuales contra la libertad de expresión ya no se manifiesta mediante la censura directa, sino a través del uso estratégico de procesos judiciales.

Según explicó, gobiernos, funcionarios y actores poderosos recurren a demandas civiles, querellas por injuria y calumnia, investigaciones penales y otras figuras jurídicas para intimidar a periodistas y medios de comunicación.

Mencionó casos recientes en distintos países de la región en que investigaciones periodísticas de interés público derivaron en acusaciones por extorsión, lavado de dinero u otros delitos. A su juicio, en esas situaciones los procedimientos no buscarían esclarecer hechos ilícitos, sino castigar el ejercicio del periodismo.

“No hay nada más barato que demandar a un periodista. Defenderse es carísimo y dificilísimo”, afirmó.

Frente a este escenario, defendió la aprobación de leyes conocidas como anti-SLAPP, destinadas a impedir que las demandas abusivas se utilicen para silenciar investigaciones periodísticas mediante el desgaste económico y emocional de los profesionales y los medios involucrados.

Durante el panel también se debatió qué resulta más determinante para proteger la libertad de prensa: contar con buenas leyes o con jueces capaces de aplicarlas. “Prefiero buenos jueces, aunque tengamos malas leyes”, respondió Botero.

La jurista sostuvo que un juez independiente, capacitado y con carácter puede recurrir a los estándares internacionales para proteger el periodismo, incluso cuando el marco legal sea adverso. En cambio, advirtió que las normas pierden eficacia si quienes deben interpretarlas carecen de autonomía frente al poder político.

Asimismo, afirmó que los jueces cumplen una función decisiva en la defensa de la democracia y la libertad de expresión, especialmente ante gobiernos que buscan ampliar sus facultades de control sobre la información.

Las panelistas coincidieron en que la libertad de expresión, la independencia judicial y la democracia están estrechamente vinculadas. A su juicio, el debilitamiento de cualquiera de estos elementos afecta a los demás, por lo que resulta necesario fortalecer simultáneamente a los medios de comunicación, los tribunales y las instituciones encargadas de garantizar los derechos fundamentales.

El panel concluyó que proteger la libertad de prensa no consiste únicamente en resguardar a quienes informan, sino también en preservar la independencia de quienes deben hacer cumplir la ley cuando el poder intenta silenciarlos.

Entre las principales conclusiones, las expertas destacaron que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos continúa siendo una garantía relevante para el periodismo en las Américas; que el acoso judicial se ha convertido en una herramienta para intimidar a periodistas; y que la independencia de los tribunales enfrenta presiones similares a las que afectan a los medios de comunicación.

También subrayaron la importancia de las leyes anti-SLAPP para proteger las investigaciones periodísticas de interés público y advirtieron que, sin jueces autónomos, capacitados y capaces de resistir presiones, las garantías legales de la libertad de expresión pueden perder efectividad.