Corte Suprema descarta recurso de protección por rebaja salarial de funcionarios municipales

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso de protección interpuesto por 29 funcionarios de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Chiguayante en contra del municipio y de la Contraloría Regional del Biobío, debido a la invalidación parcial de sus encasillamientos, que implicó una disminución de sus remuneraciones y la orden de restituir sumas percibidas en exceso. El tribunal estableció que, para impugnar la invalidación de actos administrativos, existe un procedimiento judicial especial contemplado en el artículo 53 de la Ley N.º 19.880, por lo que el recurso de protección no constituye la vía adecuada para resolver esta controversia.

Los recurrentes señalaron que accedieron a cargos de planta mediante concursos internos realizados al amparo de la Ley N.º 21.308, siendo encasillados según sus puntajes de capacitación, conforme a los criterios administrativos vigentes en ese momento. Sin embargo, denunciaron que el municipio invalidó parcialmente sus encasillamientos tras aplicar nuevos pronunciamientos de la Contraloría que establecían un límite anual de 150 puntos, reduciendo sus niveles funcionarios y remuneraciones, además de ordenar la devolución de sumas percibidas. Alegaron que esta decisión aplicó retroactivamente un cambio de criterio, desconoció situaciones jurídicas consolidadas y vulneró sus derechos constitucionales. Asimismo, cuestionaron la falta de fundamentación de los decretos alcaldicios, que no precisarían los nuevos niveles asignados ni los montos y períodos sujetos a restitución.

Por su parte, la Municipalidad de Chiguayante solicitó el rechazo del recurso, argumentando que la acción de protección no era la vía adecuada para cuestionar la invalidación de los encasillamientos, pues existen procedimientos legales específicos para impugnar estas decisiones. En cuanto al fondo, sostuvo que actuó dentro de sus facultades legales para corregir actos contrarios a derecho, aplicando el límite de 150 puntos anuales y 4.500 acumulados por capacitación, establecido en el Decreto N.º 1.889 de 1995. Añadió que la invalidación respondió a los criterios fijados por la Contraloría General de la República, cuyo cumplimiento resulta obligatorio para la Administración, y que la controversia requería un examen más amplio que el permitido por el recurso de protección.

A su vez, la Contraloría Regional del Biobío solicitó el rechazo del recurso, alegando que carecía de legitimación pasiva, pues los funcionarios no formularon peticiones concretas en su contra y los actos cuestionados fueron dictados exclusivamente por la Municipalidad. Explicó que su intervención se limitó a emitir un oficio en el que precisó que la jurisprudencia administrativa vinculante corresponde a los dictámenes emanados de la sede central de la Contraloría General de la República, remitiendo además pronunciamientos recientes sobre la aplicación del límite de puntaje por capacitación. En consecuencia, sostuvo que no había adoptado ninguna decisión que afectara directamente los derechos de los recurrentes, ya que la invalidación de los encasillamientos fue determinada por la autoridad municipal.

En su análisis, la Corte de Concepción examinó inicialmente la legitimación pasiva de la Contraloría Regional del Biobío, explicando que el recurso de protección puede dirigirse contra cualquier persona u organismo público o privado cuya actuación se vincule con la afectación denunciada. En este caso, advirtió que los funcionarios también cuestionaban la intervención del organismo fiscalizador, debido a que los criterios aplicados originalmente por el municipio se habían sustentado en pronunciamientos de la propia Contraloría. Por ello, estimó que existía una vinculación suficiente para considerarla parte recurrida.

En cuanto al fondo, el tribunal recordó que el recurso de protección constituye una acción destinada a resguardar derechos constitucionales frente a actuaciones ilegales o arbitrarias que los amenacen, perturben o vulneren. Sin embargo, precisó que su procedencia exige la existencia de un derecho indiscutido y una afectación directa que pueda ser corregida mediante esta vía. Bajo esa premisa, sostuvo que para impugnar la invalidación de actos administrativos dictados conforme al artículo 53 de la Ley N.º 19.880, el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento judicial especial, distinto del recurso de protección.

En ese sentido, la Corte explicó que el procedimiento establecido para impugnar la invalidación de actos administrativos permite discutir ampliamente los hechos y fundamentos jurídicos de la decisión, incluyendo eventuales infracciones a los principios de confianza legítima, buena fe, proporcionalidad y fundamentación de los actos administrativos. A diferencia del recurso de protección, cuyo carácter cautelar limita el examen de controversias complejas, esta vía permite un debate más profundo y la presentación de pruebas. Añadió que utilizar la acción constitucional para revisar decisiones sujetas a procedimientos especiales desnaturalizaría su finalidad, convirtiéndola en un mecanismo general de impugnación de actuaciones administrativas.