Tribunal absuelve a médica acusada de vender recetas para medicamentos controlados y emitir certificado médico falso

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique absolvió a una médica cirujana y matrona acusada de prescribir reiteradamente medicamentos sujetos a control legal sin necesidad médica o terapéutica y de emitir un certificado médico falso para la renovación de una matrícula de buzo. El tribunal concluyó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para acreditar los elementos necesarios de ninguno de los delitos.

La investigación se originó en Puerto Aysén, donde la Fiscalía acusó a la médica de comercializar, junto a su hijo, recetas para medicamentos controlados como Sentis y Elvenir, cuyo principio activo es la fentermina. Según el Ministerio Público, el hijo coordinaba telefónicamente las solicitudes y entregaba los documentos a cambio de pagos de entre $35.000 y $45.000, sin que existieran evaluaciones médicas que justificaran las prescripciones. La acusación incluyó ocho episodios ocurridos entre abril y mayo de 2023 y señaló que la profesional había retirado 123 talonarios desde 2016, equivalentes a 6.150 formularios. También le imputó la emisión de un certificado médico falso para renovar la matrícula de un buzo sin examinarlo físicamente. La Fiscalía solicitó diez años de presidio por la prescripción irregular y otros tres años, más una multa de 25 UTM, por la certificación falsa, reconociendo su irreprochable conducta anterior. Para respaldar los cargos, presentó testimonios policiales, registros de vigilancia, comunicaciones telefónicas, recetas incautadas y antecedentes sanitarios y periciales.

La defensa solicitó la absolución, argumentando que las recetas correspondían a pacientes que habían recibido atención médica y contaban con fichas clínicas, sin que la Fiscalía acreditara la ausencia de necesidad terapéutica. La acusada reconoció haber emitido y firmado los documentos, pero negó su comercialización irregular y explicó que evaluaba a personas con sobrepeso, revisaba sus antecedentes de salud, indicaba dietas y solicitaba exámenes cuando era necesario. Añadió que su hijo cumplía funciones administrativas, como recibir llamadas y entregar recetas, lo que no descartaba una atención médica previa. Precisó que sus consultas costaban habitualmente $35.000, se pagaban en efectivo y contaban con boletas electrónicas.

El tribunal acreditó que la médica emitió ocho recetas para medicamentos con fentermina y que su hijo las entregaba desde el domicilio familiar, según registros de vigilancia, testimonios policiales y la declaración de la acusada. Sin embargo, consideró que estas pruebas no demostraban que las prescripciones carecieran de justificación médica, pues no permitían descartar atenciones anteriores ni identificar con certeza a todos los destinatarios. Además, una paciente confirmó haber recibido atención presencial y tratamiento para bajar de peso, con resultados favorables y sin efectos adversos. Para los jueces, este testimonio respaldó parcialmente la versión de la defensa y generó una duda razonable sobre la supuesta emisión de recetas sin necesidad médica.

El tribunal advirtió que las fichas clínicas incautadas no fueron analizadas individualmente para determinar la condición de salud de cada paciente y su relación con las recetas investigadas. Precisó que, aunque no era indispensable una pericia médica, la Fiscalía debía aportar antecedentes suficientes sobre las fechas y frecuencia de las consultas, los controles posteriores y las necesidades terapéuticas de los destinatarios, circunstancias que no lograron establecerse.

El tribunal concluyó que las comunicaciones telefónicas no acreditaban que los contactos tuvieran como único propósito comprar recetas sin atención médica previa. Además, advirtió que algunas transcripciones correspondían a una persona ajena a los hechos específicos de la acusación.