Corte Suprema descarta que simulación bancaria obligara a mantener tasa de interés de 1,65%

La Corte Suprema rechazó un recurso de queja interpuesto por un cliente de Banco Bice contra los integrantes de una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmaron el rechazo de una querella por infracción a la Ley del Consumidor y de una demanda de indemnización de perjuicios, presentadas a raíz de una controversia sobre la tasa de interés aplicable al refinanciamiento de un crédito hipotecario.

El conflicto se originó en un mutuo hipotecario contratado en 2013, cuya tasa de interés era de 4,45% anual. En 2019, el cliente negoció con el banco una modificación del financiamiento y sostuvo que el 24 de septiembre de ese año acordaron reducirla a 1,65%, según un correo enviado por la ejecutiva bancaria. Sin embargo, al recibir en enero de 2020 el borrador de la escritura, constató que contemplaba una tasa de 2,5%.

Ante lo que consideró un incumplimiento del acuerdo, presentó una querella infraccional ante el Primer Juzgado de Policía Local de Providencia, invocando vulneraciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y solicitando una multa de 4.800 UTM. Además, interpuso una demanda civil para que se ordenara al banco respetar la tasa de 1,65% anual y pagarle $5 millones por daño moral.

Banco solicitó rechazar las acciones, argumentando que nunca ofreció una tasa definitiva de 1,65%, sino que entregó una simulación sujeta a aprobación y formalización, en la que se advertía que las condiciones finales se fijarían al firmar la escritura. Añadió que el demandante, por su experiencia como abogado en asuntos financieros, conocía esa diferencia. Asimismo, sostuvo que la inestabilidad económica posterior al estallido social de octubre de 2019 elevó las tasas de interés y que, pese a ello, procuró ofrecer las condiciones más favorables posibles, que finalmente no fueron aceptadas.

El Juzgado de Policía Local rechazó la querella infraccional y la demanda civil, al concluir que la tasa de interés del 1,65% era referencial y que la definitiva debía establecerse al formalizar el refinanciamiento mediante escritura pública. También descartó el carácter abusivo de una cláusula contractual, por falta de pruebas y de antecedentes que demostraran un desequilibrio en perjuicio del deudor. La Corte de Santiago confirmó la sentencia.

El afectado interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema acusando a los integrantes de la Corte de Apelaciones que confirmaron el fallo de primera instancia, de falta o abuso grave por confirmar una sentencia que, a su juicio, valoró incorrectamente las pruebas e interpretó erróneamente la normativa de protección al consumidor. Solicitó dejar sin efecto el fallo de segunda instancia y acoger tanto la querella infraccional como la demanda civil contra el banco.

Los magistrados recurridos defendieron su decisión, señalando que se fundó en el análisis de los argumentos de las partes y la valoración de las pruebas del juicio. Añadieron que la discrepancia del recurrente con ese razonamiento no configuraba falta o abuso grave.