TC descarta que restricción a la apelación en la ejecución laboral vulnere el debido proceso

Luego advirtió que la requirente tampoco impugnó el artículo 476 del Código del Trabajo, que limita la apelación respecto de las reliquidaciones de beneficios de seguridad social. Concluyó que las restricciones del artículo 472 persiguen fines legítimos de celeridad y eficacia y que no se acreditó una vulneración del derecho a defensa ni del debido proceso. Por ello, rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y mantuvo la aplicación de dicha norma, señalando que las controversias sobre pagos y liquidaciones deben resolverse mediante los mecanismos previstos en la ejecución laboral.

Los ministros Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery, Marcela Peredo y Mario Gómez estuvieron por acoger el requerimiento, al estimar que el artículo 472 del Código del Trabajo impedía revisar una resolución dictada en un procedimiento de cobranza laboral, pese a que habían transcurrido más de diez años desde que se informó el pago de la deuda. La controversia surgió cuando el tribunal acogió una nueva liquidación solicitada en 2025, decisión que no pudo ser apelada y que motivó un recurso de hecho ante la Corte de Rancagua.

A juicio de los disidentes, la restricción afectaba el derecho a un procedimiento racional y justo, particularmente la posibilidad de obtener la revisión de una decisión por un tribunal superior. Advirtieron que la liquidación fue aprobada porque no se consideró acreditada la convalidación del despido, al estimarse que los certificados acompañados no demostraban el pago íntegro de las cotizaciones de salud y seguro de cesantía, calculadas conforme a la base imponible fijada en la sentencia.

Los ministros disidentes señalaron que, si bien las restricciones a los recursos se justifican en el procedimiento declarativo laboral por los principios de oralidad e inmediación, esas razones no tienen la misma fuerza en la etapa de ejecución, que se tramita por escrito y busca cumplir una sentencia ya dictada.

Por ello, estimaron que la celeridad de la cobranza no justifica impedir toda revisión de resoluciones que puedan perjudicar a la parte ejecutada. Sostuvieron que, en esta etapa, la apelación constituye un mecanismo efectivo para examinar los fundamentos y antecedentes de una decisión por un tribunal superior, y que la facultad legislativa para limitar los recursos debe respetar las garantías de un procedimiento racional y justo.

Los ministros disidentes sostuvieron que la celeridad procesal no justifica eliminar garantías esenciales ni impedir injustificadamente el derecho a recurrir. Señalaron que los recursos permiten corregir posibles errores judiciales y revisar decisiones que ocasionan perjuicios a las partes, por lo que la existencia de un agravio constituye el fundamento para solicitar su impugnación.

Agregaron que el derecho a recurrir forma parte del debido proceso y permite que un tribunal superior revise decisiones que causan perjuicio. En este caso, estimaron que debía admitirse la revisión de la nueva liquidación dictada durante la etapa de cobranza, sin que ello significara reabrir la discusión sobre la sentencia definitiva, cuya impugnación se rige por el recurso de nulidad. Advirtieron que impedir toda revisión de esa resolución podía convertirla en una decisión prácticamente inmodificable, contraria a las exigencias de un procedimiento racional y justo.

Enseguida destacaron que la demandante informó el pago de la deuda el 6 de marzo de 2014, pero que, más de diez años después, solicitó una nueva liquidación sin expresar fundamentos que justificaran esa petición. Consideraron que estas circunstancias hacían necesario permitir a la ejecutada recurrir ante un tribunal superior para revisar la decisión y que impedirlo, mediante la aplicación del artículo 472 del Código del Trabajo, vulneraba el derecho a un procedimiento racional y justo, garantizado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución.

Los magistrados también vincularon esta garantía con el derecho al recurso reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales invocados para fundamentar la necesidad de contar con mecanismos efectivos de revisión judicial.

Por estas razones, los ministros disidentes estuvieron por acoger íntegramente el requerimiento de inaplicabilidad, con el propósito de permitir que la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua pudiera ser revisada mediante un recurso idóneo y efectivo.

Vea sentencia Tribunal Constitucional Rol N°17.290-26-INA y expediente.