Normas que permiten despedir a gerentes sin justificar la decisión y limitan el monto de sus indemnizaciones, se impugnan ante el TC

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional admitió a tramitación un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un exgerente general contra dos disposiciones del Código del Trabajo que regulan el despido de trabajadores con facultades de administración y el límite de remuneración utilizado para calcular las indemnizaciones por término de contrato.

El tribunal ordenó suspender el procedimiento laboral en que podrían aplicarse las normas impugnadas, incluida la audiencia de juicio que se encontraba próxima a celebrarse, y confirió traslado a las partes para que formularan sus observaciones sobre la admisibilidad de la acción.

La controversia se originó tras el despido de un gerente general que rechazó una modificación de su bono de desempeño porque, según sostuvo, implicaba una disminución de sus ingresos. Posteriormente, la empresa puso término a su contrato mediante desahucio escrito, sin expresión de causa. Tras recibir la indemnización correspondiente y firmar el finiquito con reserva de acciones, el trabajador presentó una demanda de tutela laboral por presunta vulneración de la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, solicitando el pago de indemnizaciones, recargos legales y diferencias que estima adeudadas.

Durante la audiencia preparatoria no se alcanzó una conciliación, por lo que el tribunal estableció los hechos que debían acreditarse en el juicio. Paralelamente, el trabajador recurrió al Tribunal Constitucional, argumentando que determinadas disposiciones legales podrían impedir que sus pretensiones fueran acogidas.

La primera norma impugnada permite al empleador despedir sin expresión de causa a trabajadores con facultades de administración, a quienes desempeñan cargos de exclusiva confianza y a trabajadores de casa particular, mediante aviso previo o el pago de una indemnización sustitutiva.

El requirente sostiene que esta facultad establece una diferencia arbitraria respecto de los demás trabajadores, cuyos despidos deben fundarse en una causal legal. A su juicio, la disposición vulnera la igualdad ante la ley y dificulta obtener el recargo indemnizatorio previsto para los despidos injustificados.

Agrega que esta excepción se mantuvo sin una justificación suficiente, pese a que la reforma laboral que la incorporó buscaba limitar el desahucio discrecional. En su caso, afirma que la empresa habría utilizado dicha facultad como represalia por rechazar una modificación desfavorable de su remuneración, aunque reconoce que corresponde al juez laboral determinar si efectivamente existió esa motivación.