Corte Suprema descarta recurso de protección para cuestionar destitución de exfuncionario del SERVEL

La Corte Suprema revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y rechazó la acción presentada por un exfuncionario del Servicio Electoral (SERVEL) que buscaba impugnar una destitución mediante un recurso de protección. El máximo Tribunal estableció que esta acción constitucional no constituye la vía adecuada para cuestionar el mérito de una investigación administrativa ni la legalidad de una sanción disciplinaria cuando las controversias planteadas requieren un procedimiento judicial de mayor amplitud, dejando a salvo el derecho del afectado a ejercer las acciones ordinarias que correspondan.

El conflicto se originó a raíz de un sumario administrativo iniciado en junio de 2020 por el Servicio Electoral, luego de recibir denuncias por presunto maltrato y acoso laboral contra un exjefe de la División de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral. Durante la investigación se formularon cargos por conductas de hostigamiento, descalificaciones y trato intimidatorio hacia otros funcionarios, que derivaron en la aplicación de la sanción de destitución en mayo de 2024, cuando el afectado ya había cesado en sus funciones. Tras impugnar administrativamente la medida ante el propio servicio y la Contraloría General de la República, sin obtener resultados favorables, el afectado acudió a la justicia.

En su recurso, el exfuncionario alegó que la responsabilidad administrativa se encontraba prescrita y que el sumario había perdido eficacia debido a su excesiva e injustificada duración, pues se extendió por más de cuatro años. Asimismo, cuestionó la proporcionalidad de la destitución, sosteniendo que no se consideraron circunstancias atenuantes, como su conducta anterior y su colaboración durante la investigación, y negó que los hechos imputados constituyeran maltrato laboral o faltas graves a la probidad. A su juicio, las actuaciones impugnadas vulneraban sus derechos a la igualdad ante la ley, a la integridad psíquica y a la propiedad, por lo que solicitó dejarlas sin efecto junto con la sanción disciplinaria.

Por su parte, el Servicio Electoral solicitó el rechazo del recurso, argumentando que la destitución fue consecuencia de un sumario administrativo tramitado conforme a la ley, en el que se acreditaron conductas de maltrato laboral, hostigamiento, descalificaciones y trato intimidatorio hacia otros funcionarios. Sostuvo que la responsabilidad administrativa no se encontraba prescrita, que la duración del procedimiento obedeció a diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar el derecho a defensa, y que el transcurso de los plazos legales no invalidaba por sí solo las actuaciones realizadas. Asimismo, defendió la proporcionalidad de la sanción, atendida la gravedad de las infracciones a los deberes funcionarios y al principio de probidad administrativa, descartando cualquier vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

A su vez, la Contraloría General de la República solicitó el rechazo del recurso, alegando que carecía de legitimación pasiva, pues los cuestionamientos del recurrente se dirigían principalmente contra el procedimiento disciplinario desarrollado por el Servicio Electoral. Asimismo, sostuvo que impugnar una destitución mediante un recurso de protección no resultaba procedente en este caso, dado que las controversias sobre la prescripción de la responsabilidad administrativa y la proporcionalidad de la sanción requerían un análisis más amplio. Añadió que sus resoluciones fueron dictadas dentro de sus competencias, mediante un examen fundado de los antecedentes, y que el sumario respetó las garantías del debido proceso. Finalmente, descartó la existencia de actuaciones ilegales o arbitrarias y la vulneración de los derechos constitucionales invocados.

La Corte de Santiago acogió el recurso de protección, al estimar que el sumario administrativo había perdido eficacia debido a su excesiva e injustificada duración, pues se prolongó por más de cuatro años y permaneció cerca de dos años sin actividad relevante. El tribunal razonó que, aunque los plazos legales de los procedimientos administrativos no son fatales, ello no autoriza a la Administración a mantenerlos indefinidamente inconclusos, especialmente cuando no existen circunstancias que justifiquen la demora. Asimismo, estableció que la responsabilidad administrativa se encontraba prescrita, dado que transcurrieron más de dos períodos calificatorios sin que la sanción quedara firme, por lo que el plazo de prescripción debía continuar computándose como si no se hubiese suspendido. En consecuencia, consideró que la mantención de la destitución vulneraba la igualdad ante la ley y dejó sin efecto las resoluciones impugnadas, ordenando extinguir la responsabilidad administrativa del recurrente.