CS acogió recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Cesantía y le ordena pagar a las actoras el complemento remuneracional otorgado por la Ley de Protección al Empleo.

La Corte Suprema revocó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción y acogió el recurso de protección deducido contra la Administradora de Fondos de Cesantía Chile S.A., y ordena dar curso al pago del complemento remuneracional a las recurrentes, en breve plazo, conforme a lo prescrito en la Ley N° 21.227.

Las actoras recurren de protección en contra de la AFC, impugnando el no pago del complemento remuneracional que, por efectos de la celebración con su empleadora de sendos pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo, correspondería a las recurrentes, al amparo de lo preceptuado por la Ley N°21.227, durante el período comprendido entre el 23 de abril del año 2020 y el 23 de septiembre del mismo año, o bien hasta que se acabe la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, volviendo de pleno derecho a regir los contratos de trabajos anteriores a la suscripción de dicho acuerdo. En lo medular esgrimen que el acto impugnado resulta ser ilegal, además de arbitrario, porque vulnera lo preceptuado en el artículo 11 inciso 4° y 12 inciso 9°, de la Ley N°21.227, constituyendo además una vulneración de las garantías constitucionales previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Al evacuar su informe, la recurrida expuso que se trata de una negativa que se encuentra motivada en la propia Ley N°21.227, puesto que en dicho cuerpo legal se establece, en el inciso 2° de su artículo 10, que el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción, facultándose a las partes que puedan acordar que sus efectos se produzcan en una fecha posterior, que no exceda al primer día del mes siguiente a la fecha del pacto. Mientras que, en los respectivos pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo se establecieron como fecha para su inicio el mismo día en que se firmó dicho pacto, incumpliéndose, así, lo establecido en el inciso 2° del artículo 10 de la referida ley, razón por la que no podría ser considerado un acto ilegal, como tampoco arbitrario.