Existe un proceso administrativo no afinado lo que impide sostener que el acto recurrido haya provocado privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales.

La Corte Suprema confirmó, con declaración, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que rechazó el recurso de protección interpuesto por una apoderada en favor de su hija de 6° año básico, en contra de la Fundación Educacional que administra el colegio al que asiste, la Superintendencia de Educación, el Departamento Provincial de Educación de La Provincia de Cachapoal y la Seremi de Educación de La Región de O´Higgins.

La recurrente expuso que su hija presenta un “trastorno ansioso depresivo”, situación que era conocida por el colegio desde el año 2020. Por lo anterior, señala que a fines del año pasado, solicitó cerrar el año académico de su hija y que fuera promovida a 7° año básico, lo que fue aceptado por el colegio.

Afirma que el establecimiento desconoció lo acordado, y le comunicó que no promovería a su hija y que debía repetir el año por cuanto la estudiante tenía un promedio final de notas de 4,7, había reprobado matemáticas y exhibía una asistencia inferior al 70%.