El reciente apresamiento en Estados Unidos del Ex Presidente del Perú, Alejandro Toledo, parece confirmar que alcanzar la Presidencia de la República en el Perú, resulta a veces trágico por decir lo menos. Es el caso de todos los últimos mandatarios al dejar la presidencia, los que han debido afrontar variadas acusaciones, tanto por corrupción y enriquecimiento ilícitos, como otros cargos por violaciones a los derechos fundamentales cometidos antes de asumir, en sus campañas políticas, como durante el ejercicio de su mandato. Todos alegan inocencia y las atribuyen a persecuciones políticas inventadas por sus adversarios, aunque la justicia mantenga sus causas, a veces varias simultáneamente, abiertas y debidamente investigadas. Es la situación procesal que, sin excepciones, les afecta a quienes fueron Presidentes desde hace más de treinta años.
Es sabido que la política interna en el Perú nunca ha sido fácil, y ha estado plagada de golpes de Estado, toma del mando por los militares, ejercicio arbitrario del propio poder ejecutivo, juntas de gobiernos provisionales, y otras excepciones a la continuidad democrática. Las rivalidades políticas suelen ser sumamente extremas y en ocasiones, violentas. Sin embargo, por sobre estas contingencias, se ha revelado un elemento común a todos ellos: la corrupción.
Si recordamos al Presidente Alan García, dos veces elegido (1985-1990 y 2006-2011), luego de su primer mandato debió aislarse en Francia, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Nuevamente electo,  similares acusaciones recientes determinaron que se suicidara para no enfrentar su apresamiento, el pasado 17 de abril.
Por su parte, el sucesor Alberto Fugimori (1990-2000), marcado por corrupciones propias y de su entorno, extrema represión a los movimientos guerrilleros, y dar un golpe de poder para sumir todo el control gubernativo; ha permanecido recluido en la Dirección de Operaciones Especiales, salido por razones de salud, indultado por Kuczynski, y vuelto a prisión para enfrentar varias acusaciones de enriquecimiento, favorecido por la transnacional brasilera Odebrecht. La misma que habría financiado su campaña a la presidencia, la de su hija Keiko, también presa, así como a los demás ex mandatarios acusados.
Alejandro Toledo (2001-2006), ha sido recientemente detenido en Estados Unidos, donde reside gracias a la nacionalidad de su mujer Eliane Karp, igualmente acusada. Un proceso que se inicia con su apresamiento y posible extradición al Perú, solicitada desde hace meses. Principalmente se le imputa corrupción por millones de dólares, por la misma empresa Odebrecht. Un juicio, podría tardar años por lo que el actual Gobierno, insiste en que se acelere.
Ollanta Humala (2011-2016) junto a su mujer Nadine Heredia, están procesados por delitos de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir. Cumple detención preventiva.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), igualmente acusado por corrupción de la empresa Odebrecht y que debió renunciar al cargo, tiene acusaciones y juicios que actualmente se tramitan.
No perteneciendo a los últimos Presidentes mencionados, también integra esta lista, el General Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), sentenciado en Italia a cadena perpetua por el llamado Plan Cóndor, y se encuentra bajo arresto domiciliario.
Como puede apreciarse, estamos frente a un historial poco común de Ex Presidentes peruanos recientes, sometidos a proceso o con medidas cautelares que los han mantenido encarcelados o fuera de prisión, recurrentes y sometidos a acusaciones serias, principalmente por graves delitos. El gran causante ha sido la empresa brasileña Odebrecht, la misma que igualmente tiene Ex Presidentes acusados en Brasil, así como otras importantes figuras políticas y buena parte del Parlamento.
No son acusaciones sin fundamento, por más que los implicados aleguen persecuciones eminentemente políticas o de otra índole. Provienen de los propios testimonios en juicios, de uno de los socios de la empresa, y uno de sus dueños, Marcelo Odebrecht, que ha confesado en los Tribunales, a cambio de una delación compensada. Otro tanto han hecho para aminorar sus responsabilidades, otros altos ejecutivos de la firma. Ha quedado establecido que dicha empresa, mantenía un altísimo presupuesto destinado, precisamente, para obtener favores ilegales, lo que ciertamente hizo no solo en el Perú, sino que también en varios países de nuestra región.
Debemos recordar que para corromper se requieren dos partes, la que ofrece y la que acepta. Ambos culpables. En el Perú, lamentablemente, se ha dado plenamente y al más alto nivel, como es el Presidencial. El desprestigio político y moral de buena parte de las autoridades involucradas, son un signo grave de descomposición generalizada, que costará mucho erradicar.
En ello está empeñado el actual Presidente Martín Vizcarra, con todas las dificultades que representa limpiar una imagen nefasta de sus antecesores, y ciertamente trágica. Esperamos logre todo el éxito que necesita, en beneficio de su país y de Latinoamérica. (Santiago, 17 julio 2019)