Prescripción extintiva civil
La interrupción civil de la prescripción extintiva. (Parte III)
La interrupción civil de la prescripción extintiva se produce por la sola interposición de la demanda, según el tenor literal del artículo 2518 del Código Civil, sin que sea exigible su notificación para efectos interruptivos. Cualquier interpretación contraria —como aquella que subordina la eficacia de la interrupción a una notificación válida— no sólo carece de sustento normativo expreso, sino que además vulnera principios constitucionales como la legalidad, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, al permitir decisiones judiciales contradictorias que transforman la aplicación del de

Si tuviese que elegir ideas madre de lo que se ha venido sosteniendo en cuanto a que la interrupción civil de la prescripción extintiva deviene de la interposición material de la demanda, diría que el texto del artículo 2518 es meridianamente claro en sus exigencias, que el artículo 2503 número 1° no entrega efecto retroactivo a la notificación, en su redacción, y que sólo hace efectivos los efectos de la nulidad procesal judicialmente declarada por sentencia firme, cuando se anula la notificación, con lo que no adiciona este elemento para dotar de determinada eficacia legal a la presentación de la demanda, sino que priva de eficacia interruptora a la presentación de la demanda si con posterioridad se anula la notificación de ésta. ¿Por qué se hizo la ley de esta manera? Creemos que la respuesta más seria es que no hay cómo saberlo, porque en este punto no hay historia de establecimiento de la norma. Peor también parece obligatorio legalmente leer lo que expresamente dicen estas normas de clara redacción y no tratar de entender las palabras del legislador, pues éstas no es que no sean claras. Lo poco claro es el intento de estirar la interpretación hasta poder leer del texto lo que el texto no dice.
Entonces, incluso podemos llegar a que el juez que se aparta del claro tenor literal de la norma anula su obrar legal y lo transforma en una mera vía de hecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política de la República, porque, primero, no tiene facultad previa y expresa de adicionar requisitos adicionales a los legalmente establecidos, también previos y expresos y, segundo, porque tiene prohibido apartarse del tantas veces citado tenor literal, lo que, de producirse, importa una clara violación al deber de mantener el orden institucional de la República, produciendo efectos de nulidad de oficio, irratificable, insaneable, imprescriptible, no precluible y de pleno derecho. Es lo que dice el claro tenor literal del artículo 7° de la Constitución.
Como se puede apreciar, la fórmula no es obvia, puede ser perfectible e incluso criticable, pero el tenor literal de la norma no contiene nada que nos pueda llevar a pensar que la demanda debe notificarse para interrumpir civilmente la prescripción y la idea de que la notificación de la demanda sea válida, de acuerdo con el artículo 2503 N° 1°, no expresa motivo para leer en el tenor literal del artículo 2518 la palabra “notificada”, porque sencillamente la norma no contiene esa expresión, lo que tampoco podría haber dicho -y menos puede entenderse correctamente expresado a partir de la dictación del Código de Procedimiento Civil-, porque según el artículo 38 de ese cuerpo normativo, lo que se notifica son las resoluciones judiciales y no los petitorios de parte, siendo éstos últimos un elemento del dossier que exige entregar la ley para comprender debidamente la resolución notificada. Eso es lo que dicen los artículos 38 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y, a la época de dictación del Código Civil, idea similar era la que contenía la partida VII en esta materia, pues lo que se mandaba a notificar eran las cartas de emplazamiento que debían contener, además del resuelvo, las peticiones formuladas a la corte y otros requisitos según fuera el caso. Bajo las VII partidas “puesta la demanda” se “otorga carta de emplazamiento” y esto debe hacerse cada vez que se dicta una resolución, hasta la sentencia. Este elemento terminológico es fundamental, porque desde que no puede desatenderse el tenor literal de una norma legal, menos puede éste desatenderse contra legem.
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