Los principios no se abandonan: análisis de las políticas públicas laborales en tiempos de pandemia

Parece ser de público conocimiento el Dictamen 1286 / 006 emitido el 26 de marzo por la Dirección del Trabajo, en el que se constituye la institución de la suspensión del contrato de trabajo por cuarentena o toques de queda y se desvía el riesgo del caso fortuito, sin matices, al trabajador. Más desapercibido ha pasado el Proyecto de ley, Boletín N° 13.352 – 13, promovido por el gobierno, que pretende consagrar legalmente la suspensión de pleno derecho de los contratos de trabajo cuando se determine la cuarentena o toque de queda (o cualquier otra medida de la autoridad que impida trabajar o abrir empresas).

En esta columna, analizaré si los actos de la Dirección del Trabajo son o no aceptables desde una perspectiva jurídica y efectuaré una crítica a la suspensión de los contratos de trabajos de manera “generalizada” o “de pleno derecho”, como pretenden hacerlo la Dirección del Trabajo y el Proyecto de ley propuesto por la administración central, respectivamente.

Respecto del Dictamen, éste comienza citando al artículo 7 del Código del Trabajo, el cual reza: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”. De la simple lectura del mismo se extrae que en el contrato de trabajo hay dos partes, cada una con obligaciones determinadas: El trabajador a prestar un servicio bajo subordinación y dependencia, y el empleador a pagar una remuneración determinada junto con otorgar trabajo.