Actual crisis del Poder Judicial en Chile, falta de transparencia y acceso a la Justicia, por Mario Palma Navarrete

En un contexto donde ya existe desconfianza hacia el Poder Judicial, marcado por cuestionamientos éticos, investigaciones penales y periodísticas, sumado a la falta de fundamentación en sentencias, este Auto Acordado va en la dirección equivocada. Menos publicidad y menos oralidad no combaten la corrupción sino más bien, la facilitan. La opacidad es siempre aliada del abuso.

Si queremos recuperar la confianza en la justicia, el camino es claro, debiendo ser la regla general la vista de la causa con alegatos, no la excepción. Debiendo dejar solo casos manifiestamente improcedentes para que se vean “en cuenta”.

Las sentencias de la Corte Suprema deben tener fundamentación robusta y explícita, respondiendo a los argumentos de las partes. Es exigible una fundamentación reforzada en la Corte Suprema, por lo que toda sentencia referida a una acción de amparo constitucional y de un recurso de protección debería al menos explicar claramente por qué se acoge o rechaza, analizar los argumentos de las partes y especialmente evitar fórmulas genéricas.

Cuando la Excelentísima Corte Suprema resuelve la apelación de un Recurso de Protección, señalando escuetamente: “A los alegatos solicitados, no ha lugar. Vistos: Se confirma la sentencia apelada”, ¿que mensaje está enviando sobre el deber de fundamentación, acceso a la justicia y transparencia?; ¿Qué percepción de la Justicia le queda a quién ni siquiera se le permitió exponer sus argumentos y a quién se le impidió conocer el razonamiento jurídico mediante el cual se rechazan sus pretensiones?.

Si lo que se pretende mediante estas resoluciones, es mayor eficiencia y poder abarcar un mayor número de casos, reduciendo los tiempos en la solución de los conflictos jurídicos que se someten a su jurisdicción, al parecer el camino está equivocado, porque se está sacrificando transparencia y un real acceso a la justicia, dejando en un segundo plano a la persona que exige un pronunciamiento fundado por la máxima autoridad judicial del país.

Limitar los alegatos en amparo y protección no es eficiencia: es un retroceso democrático. Si Chile aspira a un Poder Judicial legítimo y confiable, debe avanzar hacia más oralidad, más publicidad y más transparencia, no hacia puertas cerradas y decisiones silenciosas.

Por otra parte, no existe un resumen estadístico público, que indique el porcentaje de solicitudes de alegatos que hayan sido rechazadas o acogidas desde la entrada en vigor del Auto Acordado, lo que en sí mismo evidencia una falta de transparencia y acceso a la información judicial.

En definitiva, la limitación de alegatos en recursos de amparo y protección en lugar de acercar la justicia a la ciudadanía, la aleja; en lugar de transparentarla, la opaca; y en lugar de fortalecer el acceso a la justicia, lo restringe. Al igual que muchos abogados que seguimos creyendo en el imperio del Derecho en Chile, confío en que esta opinión crítica se multiplique y logre en definitiva abrir el debate que permita generar cambios positivos por el bien de todos aquellos que buscan justicia.